Los avances logrados en las reformas estructurales de nuestro modelo económico son referentes innovadores, cuyos beneficios se reconocen y aprecian en las principales economías, como sucede en estos días en Gran Bretaña. Si bien la instrumentación de estas reformas requiere de tiempos adecuados, también merece atención la importancia de adecuar no sólo de la administración pública federal, sino también la de las entidades de la República, con una estrategia nacional de eficiencia y modernización que esté sustentada en los mecanismos que aseguren la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad plena en el manejo de los recursos públicos.
De ahí la importancia de las palabras del presidente, Enrique Peña Nieto, en la 48 Reunión Ordinaria de la Conago, celebrada en Durango el pasado 26 de febrero. En esa sesión el Presidente recordó su participación en el foro cuando fue gobernador del Estado de México reconoció la "aportación de esta instancia de coordinación para consolidar y fortalecer nuestro pacto federal".
Esta reunión es trascendente porque retoma el principal propósito que nos convocó a los gobernadores por primera vez, y cuyos objetivos quedaron plasmados en la Declaración de Mazatlán (10 de agosto 2001). En el que se planteó la importancia de formalizar, por la vía constitucional, la capacidad de coordinación y colaboración entre sí de las entidades del país; propuesta que hasta el día de hoy está expresamente prohibida por la fracción I del artículo 117 de nuestra Carta Magna, y que es un atavismo que desde el siglo XIX prevalece. Desde sus orígenes, la Conago ha reconocido la importancia de respetar y fortalecer los ámbitos de competencia de los tres Poderes de la Unión y su funcionamiento orientado preponderantemente a la aplicación de políticas públicas, y que en forma coordinada permitan superar las marcadas asimetrías sociales y regionales en el país. Este debate en otra ocasión se abordó en estas páginas con el título “La Conago a la Constitución" (20 de febrero 2013).
No cabe duda que estamos ante la gran oportunidad de que, una vez logradas las grandes reformas estructurales, los mexicanos podamos emprender las grandes reformas institucionales que están pendientes, siendo quizá la principal la que tiene por objeto fortalecer el federalismo. En los últimos meses la fragilidad de algunos gobiernos estatales, y en consecuencia, municipales han creado las condiciones para que la federación, respondiendo a su más elemental razón de Estado, centralice o dirija a la distancia ordenamientos de carácter penal, de seguridad, electoral y de finanzas públicas de las entidades.
Darle su espacio a la Conago en la Constitución —como lo plantearon en Durango, para reformar y adicionar la Carta Magna y sustentar con una ley reglamentaria la obligación de las entidades de fortalecerse entre sí, en materia de coordinación, desarrollo regional, profesionalización de su administración pública y todas aquellas obligaciones y responsabilidades que permitan orientar los recursos públicos para elevar el nivel de vida de la población, en especial de la más necesitada— no es un asunto de colores ni de partidos, es un precepto que busca adoptar al Estado mexicano de un renovado modelo institucional acorde a los retos y aspiraciones del siglo XXI.
Rúbrica. Político que no negocia no es político. La ausencia de varios partidos del Consejo General del INE nos obliga a pensar en la responsabilidad que tienen todos los partidos en fortalecer la democracia. ¿Estarán conscientes de que están poniendo en riesgo a nuestro máximo órgano electoral? Esperemos que la “herradura” no se convierta en herradero.
Político, escritor y periodista. @AlemanVelascoM articulo@alemanvelasco.org
