México es una república federal. Esto implica que nuestras autoridades surgen de elecciones y no de generaciones; así como que hay autoridades con competencia en todo el territorio, y otras cuyos dictados son obligatorios en ciertas porciones. Llamamos a las primeras federales, y a las segundas estatales o municipales, según el caso.

El objetivo del estado federal es que los ciudadanos de cada entidad o municipio tomen las principales decisiones políticas que los afectan, ya sea mediante la selección de sus autoridades o merced a los mecanismos directos de participación (consultas populares, plebiscitos, referéndums, etc.)

Desde la época de Juárez, y con renovada fuerza desde hace dos sexenios, se han aumentado las fuerzas y competencias de las autoridades federales afectando a las locales y desde luego a los municipios. Esto no ha sido un asunto de colores, sino de afirmar que “los gobernadores no tienen límites y se convierten en caciques”, afirmación inexacta, cuando menos.

Sin embargo, este argumento, en parte verdad, en parte mentira y en otro tanto mito, ha servido para el fin de fortalecer al gobierno federal, principalmente al Presidente. Así, aceptando acríticamente el señalamiento de que los gobernadores son caciques, diré que las reformas no han aumentado la democracia, sino cambiado de caciques regionales a uno nacional.

Quisiera pensar que los nuevos vientos nos traerán a un federalismo renovado. Que la cuarta transformación se nutrirá de un constitucionalismo popular que postule no el engrandecimiento de la autoridad sino el fortalecimiento de la ciudadanía, por tanto, quisiera esperar un federalismo ciudadanizado; si me permiten decirlo así, un federalismo de calle, de banqueta, de plaza, de escuela, más que de salón o de oficina.

Este federalismo popular podría tener como medios para elegir y controlar los poderes locales y municipales, los siguientes:

Permitir a la ciudadanía local un oportuno seguimiento y evaluación de los gobiernos estatales y municipales.

Garantizar un amplio margen de decisión a la ciudadanía local.

Criterios judiciales que se basen en proteger el objetivo del federalismo (que abordo en el segundo párrafo de este artículo)

Colaboración y no avasallamiento de los poderes federales hacia las instancias locales y municipales.

Formas de acercar a la ciudadanía la discusión de los grandes temas nacionales. No solo a los especialistas.

Regular el procedimiento de creación de leyes generales (aquellas que distribuyen competencias otorgadas en la Constitución) y hacer participar de las mismas a los legisladores locales, de forma que los temas se conozcan en las entidades.

Ojalá tengamos un federalismo nuevo que, en vez de debilitar a la ciudadanía local, nos haga dueños y supervisores de los gobiernos de nuestras comunidades.

En suma, ni caciques en local, ni cacique en lo nacional.