Luego de que el pasado 21 de febrero se registrara una explosión en un ferry fondeado en el muelle de Playa del Carmen, de la empresa Barcos Caribe —propiedad del padre del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo—, en la que resultaron heridas, según informes oficiales, 26 personas; y de que posteriormente, el 1 de marzo, elementos de la Marina Armada de México encontraran un artefacto explosivo sin detonar en otra embarcación de Barcos Caribe —muy similar en su elaboración casera al que sí llegara a estallar en Playa del Carmen—, esta vez en la costa de Cozumel, varias son las líneas de investigación planteadas, sin que hasta ahora se tenga algo concluyente.
Producto de estos dos hechos se desató una serie de versiones contrarias entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la PGR, la empresa Barcos Caribe y las autoridades de Quintana Roo, entre las que se incluye el número de heridos por la detonación, las causas de ésta, la vigencia de los certificados de navegación de la empresa naviera y especialmente la posibilidad de que se haya tratado de un autoatentado, por razones aún desconocidas, pero probablemente de tipo político, lo que sería coherente con la pugna hoy existente entre dos familias poderosas de aquel estado.
No obstante, lo que ya ha quedado confirmado es que no se trató de ningún accidente, sino de una acción plenamente intencional que, es importante precisar, no ha sido reivindicada por organización criminal o terrorista alguna.
Entre tanto, estos eventos, tras poco más de dos semanas, ya han comenzado a tener serias consecuencias para la industria turística local, como la alerta emitida por el gobierno de EU para que sus ciudadanos no viajen a estos destinos de la Riviera Maya y el cierre de su agencia consular en Playa del Carmen, además de la decisión del gobierno de Canadá de cancelar excursiones de sus líneas de crucero al mismo destino mexicano.
Por ello es urgente que las autoridades competentes, la PGR principalmente, determine, con base en pruebas sólidas, y sin tintes políticos de ningún tipo, quién o quiénes son los responsables de la explosión y de la aparición de otra bomba sin detonar, y qué motivaciones hubo detrás.
Al permanecer sin esclarecimiento, justamente porque una multitud de hipótesis podrían explicarlos, estos hechos amenazan con sumir en una seria crisis a estos destinos turísticos —los principales— de México, a lo que se agrega la crítica situación de los Cabos —recientemente catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo— y de Acapulco, sumidas en la violencia criminal.
