“La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública”, declaró la semana pasada el Secretario General de Naciones Unidas, al conmemorarse el Día Internacional contra la corrupción, celebrado el 9 de diciembre. Al siguiente día, fue recordado el Día de los Derechos Humanos. En este marco, se dio a conocer la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo contenido implica un retroceso en la administración de justicia. Asimismo, se anunció la reapertura del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena fallecida tras presunto ataque sexual de militares hace 13 años, en la sierra de Zongolica, Veracruz. La conmemoración de estos días apunta, simultáneamente, a la evasión de la responsabilidad y la promesa de justicia.
Es preocupante la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR, ya que daría lugar al abandono de su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, también dejaría de liderar el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros mecanismos de protección de derechos humanos. Al derogar el artículo 45, fracción III de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se niega el derecho de toda persona a ser buscada. Si el objetivo es autonomizar a la FGR de su relación con un conjunto de instituciones del poder judicial trasminadas por la impunidad y la corrupción que le impiden lograr sus metas, esta no es la alternativa. La autonomía constitucional de la FGR debe edificarse sobre la fortaleza del Estado de Derecho, no a partir de la fragmentación de las capacidades del Estado para responder a los derechos de verdad, justicia y rendición de cuentas, como afirma Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob.
Esta misma semana, Alejandro Encinas comunicó la decisión de reabrir el caso de Ernestina Ascencio, unas horas después de la comparecencia del viernes pasado por parte del fiscal coordinador especializado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien reiteró la interpretación oficial de los hechos sostenida por los dos sexenios anteriores, que afirma que el fallecimiento de la señora Ernestina fue resultado de una “gastritis crónica”, como aseguró en su momento Felipe Calderón. Ante la indignación de sectores de la sociedad civil que acompañan este proceso desde hace 13 años, el subsecretario de la Segob declaró como inaceptable esta versión y ofreció reabrir el caso “hasta agotar todas las líneas de investigación”. Señaló que el informe presentado por el funcionario veracruzano a la instancia multilateral, “no representa la posición del Estado mexicano […]”. Aunque esta respuesta abre esperanza para la justicia de este caso, es necesario exigir que la investigación sea realizada por unainstancia independiente de la Fiscalía de Veracruz, si el objetivo es conocer lo que realmente sucedió y hacer justicia.
