Controlar a la prensa ha sido y es una tentación para los gobiernos federal y estatales. Para lograrlo, han utilizado mecanismos que van desde el otorgar cientos de millones de pesos vía publicidad oficial (recurrente en el #QuerétaroChingón de PAN y PRI), acuerdos verbales con directores o gente con poder de decisión en jerarquizar y publicar información, además de espionaje y violaciones al derecho a la privacidad de integrantes de la prensa, entre otros.

Espiar y controlar a la prensa son acciones que van contra la democracia. Por ello, el espionaje con cargo al erario hacia miles de personas en México con el software Pegasus, durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, debería causar más indignación al interior de la sociedad en relación a lo que ha provocado hasta ahora.

Más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos fueron destinados para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y personas con un compromiso por el beneficio social (como especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública). Así, no es exageración la importancia y la insistencia sobre el tema en espacios noticiosos y de opinión durante los últimos días.

Si bien el gobierno del presidente López Obrador no puede considerarse exento ni eximido de la problemática, porque no ha transparentado ni puede descartarse que esté replicando la práctica, lo dado a conocer por un grupo multinacional de periodistas debiera voltear la mirada y el escrutinio a gobernadores de estados.

Baste recordar a los impresentables de Javier Duarte (PRI) en Veracruz y Roberto Borge (también PRI) en Quintana Roo, quienes en sus respectivos sexenios de “gobierno” concretaron una persecución y hostigamiento de periodistas, acciones que eran evidentes gracias a deslices verbales para señalar o culparlos incluso de sus muertes por “andar en malos pasos” (Javidú dixit).

Ante este contexto, valdría la pena cuestionar e indagar cómo los últimos gobernantes de Querétaro han controlado a la prensa y la posibilidad de que hayan gastado recursos públicos en espionaje (ilegal) a un sector de la prensa, con tal de ver publicada pura información favorable a sus respectivas administraciones.

Para ser consecuentes con la temporalidad de los expresidentes en el escándalo de Pegasus, habría que señalar la segunda parte del sexenio de Francisco Garrido Patrón (2006-septiembre 2009), así como los “gobiernos” de José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez Servién.

Consentir y tranquilizar a medios vía publicidad oficial, para que no osen criticar o destacar el aumento de la incidencia delictiva y la inseguridad pública de Querétaro en su información, dar espacio a voces que disienten con las ideas del statu quo, han sido mecanismos tanto de “Paco” como de “Pancho”, al ritmo de 110 millones de pesos anuales o más, como han documentado y publicado periodistas de la UAQ.

En el caso de Calzada Rovirosa, su “gobierno” rechazó decenas de solicitudes de información para transparentar el gasto en publicidad oficial. Sin embargo, una práctica de su administración consistió en enviar obsequios o regalos el día que cumplían años las y los colegas del gremio, además de tarjetas personalizadas para felicitación.

Habría que añadir la práctica de rifar y regalar distintos electrodomésticos, artículos de utilidad, dispositivos electrónicos de comunicación e incluso casas, en las comidas para dizque celebrar “la libertad de expresión” (con la contradicción que esto implica). La práctica –con excepción de la rifa de casas- ha sido común a los tres mandatarios.

En defensa del periodismo de Julio Hernández “Astillero”

Como un traspié o error más en la sección “Quién es quién de las mentiras” de los miércoles en Palacio Nacional, ahora Julio Hernández López, “Astillero”, fue blanco de señalamientos, pese a que en la publicación referida y en su amplia trayectoria ha destacado por su rigor y profesionalismo periodísticos. Desde aquí nos sumamos a defender su trabajo.

Periodista y profesor de la UAQ

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