¡Escándalo!

El inició del gobierno de Enrique Peña Nieto, se dio en medio del escándalo de sus ominosos gastos de campaña, lo que visualizaba el destape de otros muchos casos de corrupción de la clase política mexicana. La marrullería, el robo descarado, la rampante corrupción, el tráfico de influencias, ligas y asociación con el narco, gastos personales a cuenta del erario, fiestas y parrandas de época, los moches del pan, viajes y lujos faraónicos de funcionarios y familia, trascienden el ámbito nacional y catapultan la imagen de la cleptocracia mexicana al orden internacional. The Associated Press, The New York Times, The Guardian, entre otros muchos diarios publican amplios reportajes con los escándalos más sonados. Los medios nos muestran casi un escándalo por día: un ex gobernador enviado a prisión; otros bajo investigación; el hijo de otro y cuanto funcionario del gobierno de Michoacán son exhibidos en múltiples videos; dinero misterioso que aparece en las cuentas de senadores y diputados; políticos que reciben fajos de billetes, etc., etc. Los escándalos no son nada nuevo en la vida política mexicana, pero el ritmo de las revelaciones se ha acelerado en un país donde las condiciones de acceso a la información han mejorado, los ciudadanos usan cada vez más las redes sociales y grupos de la sociedad civil están más atentos a la actuación de las autoridades. Otros han tratado de llevar a los políticos corruptos a la justicia o, al menos, avergonzarlos en público. Si vemos más de cerca, mucha de la atención se ha enfocado en los escándalos de corrupción que ocurren a nivel municipal, estatal y del gobierno federal, a pesar de la poderosa influencia que les ha permitido enmascarar sus irregularidades. Pero estos escándalos han sido la cortina de humo que ha cubierto lo que verdaderamente debería escandalizar a la sociedad en su conjunto: el ultraje y robo a la nación que se ha concretado esta semana que termina.

La madre de todas las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, es el gran remate que posibilita el saqueo del oro, la plata, el cobre, el petróleo y el gas de la nación.

Las empresas que vienen y que ya están expoliando el suelo y subsuelo del país, no son culpables de la entrega de los bienes nacionales, ya que los responsables son quienes mal gobiernan al país, porque nadie puede comprar lo que no está en venta, y los gobernantes mexicanos se han dedicado a vender, a entregar, a transferir los bienes de la nación y del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros. Las reformas concesionan el 25% del territorio nacional, principalmente a las mineras canadienses que por ahora explotan oro, plata y cobre. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio, ni saqueó sus entrañan sin prácticamente nada a cambio. La vorágine privatizadora vislumbra que la política económica de México está hecha para favorecer el saqueo y la especulación financiera y no para impulsar la actividad productiva. Por ello las empresas y organismos financieros extranjeros han logrado recuperar inversiones casi por 800 mil millones de pesos, en los últimos 10 años.

Displicentes, indolentes, apocados, los gobiernos privatizadores ceden lo sustantivo al mercado y sus tiburones; por otra parte, se muestran autoritarios, torvos, ninguneadores, los gobiernos privatizadores ignoran o reprimen las voces en desacuerdo. Así, las cinco administraciones federales recientes han tenido en común ser a la vez omisas y persecutorias: ausentes cuando se trata de cumplir sus funciones primordiales y represivas con quienes reclaman su abandono.

El régimen político mexicano es patrimonialista pero nuestra gran burguesía es, además, una clase cleptómana, una aristocracia facciosa. A diferencia de las que surgieron de procesos de enriquecimiento más tersos, la clase empresarial primero tuvo al Estado como padre dadivoso, luego como cómplice de sus raterías y al final como solícito sirviente. Acostumbrada al amasiato con la administración pública, a la gran burguesía mexicana no le basta con que las políticas públicas propicien la acumulación de capital, necesita el control directo del gobierno con el que hace negocios turbios e ilegales. Ahí está como muestra la nueva ley de telecomunicaciones, que en el orden reglamentario da más a quién ya tenía en demasía. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto, cierra el círculo de la entrega de los hidrocarburos y toda su cadena productiva a las trasnacionales, culmina la progresiva cesión de soberanía iniciada hace 30 años. Antes de este último golpe hubiera bastado un cambio de gobierno y de políticas para enderezar el rumbo, pues aun disponíamos de los recursos materiales e institucionales necesarios. Ahora que se han cedido los energéticos, es más necesario que nunca mudar de régimen. El primer paso es la consulta popular.

 

Sociólogo

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