El miércoles 16 de enero a las 11:00 horas, comenzará un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Unión. En el marco de dicho periodo extraordinario, en la Cámara de Diputados se analizará y debatirá el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, referentes a la Guardia Nacional.

Se trata del primer tema de gran relevancia en la agenda legislativa de 2019 y, probablemente, del tema más importante que se abordará en la Sexagésima Cuarta Legislatura. Y no es para menos. La seguridad es la prioridad número uno en México. No sólo para el gobierno federal, también para los legisladores, los jueces, los gobiernos locales y municipales, para los empresarios, los estudiantes, las organizaciones civiles, y para todos los habitantes de este país.

La delincuencia en México ha sobrepasado todos los límites imaginables. Es insostenible. Nuestra economía, nuestras instituciones y, sobre todo, nuestras familias ya no resisten el sufrimiento que representan la violencia y la inseguridad en prácticamente todos los rincones del país. No creo que haya una sola persona en México que no esté de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar.

Sin embargo, no cualquier cambio y a cualquier costo. La crisis de seguridad que vivimos exige un cambio profundo, inteligente y que ataque los problemas de raíz. Porque un cambio al vapor, que le dé la vuelta a esquemas del pasado —que han fracasado y que ponen en peligro las libertades individuales—, no sólo no es deseable, sino que puede agravar el ya profundo deterioro de nuestro tejido social.

Es por ello, que el debate en torno a la creación de la Guardia Nacional es trascendental para de todos los mexicanos. En el fondo, lo que se debate es qué clase de México queremos. Un México donde se fortalece el carácter democrático del gobierno, donde la seguridad está en manos de los civiles, donde se respeta el pacto federal, donde los militares hacen lo que saben hacer mejor —proteger la soberanía nacional y auxiliar en momentos de catástrofes—, y donde se trabaja por crear corporaciones policiales honestas, preparadas y bien remuneradas, acordes a los tratados internacionales y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

O, queremos un México que delega en los militares la seguridad —en contra de los ejemplos negativos del pasado, tanto aquí como en otros países—, un México centralista y vertical, donde se desdibujan las líneas del pacto federal, donde la autoridad se impone de forma cercana al autoritarismo, y donde nuestros jóvenes crecen bajo la amenaza de un régimen castrense.

No es un debate menor. Es por ello, que la participación de los ciudadanos en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional ha sido fundamental. En estas audiencias hemos sido testigos de una ciudadanía despierta y activa. Académicos, empresarios, estudiantes, miembros de las organizaciones de la sociedad civil y, en general, mexicanos preocupados por el futuro del país. Gracias a su participación, los diputados hemos podido tener una apreciación más certera del rumbo que debe tomar el país.

Y no sólo los diputados, el presidente y su gobierno parecen haber captado el mensaje de rechazo de los ciudadanos a la militarización del país. Como consecuencia, el presidente expresó la propuesta de que la Guardia Nacional quede en el ámbito civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, como era la intención original.

A pesar de esta señal positiva por parte del gobierno federal, aún hay mucho que analizar y debatir en torno a la Guardia Nacional, y en esta tarea los ciudadanos deben seguir ejerciendo una función principal. El futuro de México está en juego. Es momento de pensar y actuar con congruencia. La seguridad es el objetivo final, pero los medios deben asegurarnos un país democrático, libre y capaz de heredar un futuro mejor a nuestro hijos.