Envejecimiento y discapacidad

Lídice Rincón Gallardo

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, en México, poco más de cinco millones de personas adultas mayores experimentan alguna forma de discapacidad y –de entre ellos y ellas– alrededor de 500 mil viven en situación de dependencia. Es decir, que casi medio millón de personas adultas mayores con discapacidad carecen de los recursos materiales, el bienestar asociado a los derechos laborales y de seguridad social, así como la capacidad de tomar decisiones por ellas mismas y llevarlas a cabo. En su lugar, ellas y ellos tienen que depender de otras personas para subsistir, ya sea de familiares o del personal de instituciones públicas o privadas de asistencia. Estas personas,  a causa de la discriminación interseccional que resulta del cruce de las condiciones de adultez mayor y de discapacidad, están impedidas para realizar actividades básicas de autocuidado, como caminar, vestirse, levantarse de la cama o bañarse. Evidentemente, la situación no es justa, dado que en muchas ocasiones, la discapacidad no fue inherente a la persona, sino adquirida a causa del envejecimiento y la desatención, tanto médica como en términos de inclusión social, hacia quienes gradualmente fueron perdiendo fuerza y capacidades físicas pero no dejaron de poseer un potencial productivo fundamental.

Este panorama revela una percepción discriminatoria: somos una sociedad que no sólo invisibiliza a la discapacidad, sino que carece de conciencia acerca de nuestras responsabilidades hacia el envejecimiento. Lo curioso es que este proceso nos ocurrirá a todas y todos en algún  momento, y poco hacemos por visualizar lo que sería una vida de calidad para el caso de las personas adultas mayores con algún tipo de discapacidad.

En primer lugar, estaría el tema de promover una cultura médica de la prevención y el autocuidado del cuerpo, así como de los servicios de salud de atención primaria hacia aquellas condiciones médicas que podrían derivar en discapacidades. Muchas de las enfermedades que hoy nos definen como país –la obesidad y la diabetes, por ejemplo– podrían prevenirse desde una cultura del autocuidado, las alternativas de vida saludable y de la visualización de los riesgos que conllevan a largo plazo ciertos hábitos nocivos. De manera complementaria, si esta cultura de la prevención de los riesgos mayores se intersecta con programas de atención temprana a la discapacidad, entonces será menos probable que la adultez mayor nos encuentre en condiciones de vulnerabilidad extrema. Tenemos que aprender a cuidar nuestros cuerpos cuando estos se hallan en plenitud, pero también a reconocer las formas en que las tecnologías médicas y las terapias de rehabilitación pueden apoyar a que las discapacidades no acentúen nuestra vulnerabilidad y permitan mejores condiciones de vida a medida que vamos acumulando años.

Pero por otra parte está la cuestión de reformular en nuestra cultura pública la visión que tenemos de la discapacidad y el envejecimiento como procesos que infantilizan a las personas y las vuelven depositarias de discriminación, inseguridad y violencia. Si seguimos manteniendo estas visiones, no generaremos un verdadero compromiso con los derechos humanos y la no discriminación hacia estas personas. Y es mi convicción que necesitamos, en primera instancia, garantizar el acceso de las personas adultas mayores con discapacidad a empleos dignos, seguros y adecuadamente remunerados. Esto generará no sólo que ellas y ellos retomen el control de sus vidas, sino que se sientan productivos, plenos e integrantes de la sociedad sin discriminación. Para este propósito, necesitamos que cualquier estrategia para el envejecimiento con calidad se sitúe en el ámbito de la productividad y los derechos laborales y económicos, con estrategias diferenciadas y con perspectiva etárea localizada. Es decir, que necesitamos procesos de formación, educación y capacitación para el trabajo que sean adecuados a las diversas etapas de la vida y que permitan a las personas que van envejeciendo no perder su autonomía ni volverse dependientes de quienes les cuidan o les asistan. Una vez garantizado este piso mínimo de bienestar material, tenemos que vigilar que las personas adultas mayores con discapacidad accedan a los derechos, libertades y planes y programas de acción pública sin discriminación. Así es como se configura una vida de calidad: con apoyos materiales, con acceso a derechos sin discriminación y con la autoconciencia de uno mismo o una misma como persona productiva y autónoma.

Ahora bien, para que las personas adultas mayores con discapacidad puedan tener este tipo de existencia, necesitamos iniciar un cambio cultural que necesariamente tiene que pasar por no exhibirlas o considerarlas como víctimas destinatarias de compasión o lástima. Ellas serán tan productivas como nosotros les permitamos que sean. A esto apunta, en última instancia el modelo social que se deriva de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la vulnerabilidad no es una condición inherente a la discapacidad, sino es la sociedad –al crear una serie de barreras y prejuicios discriminatorios– la que empobrece la vida de las personas, y por tanto es una responsabilidad social acabar con la discriminación hacia quienes viven con alguna discapacidad, independientemente de su edad, condición social u otras características que generan discriminación agravada.

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