Uno de los cinco ejes del gobierno de José Calzada Rovirosa ha sido la seguridad y para ella se ha trabajado mucho en lo que va de su mandato. No en balde es el segundo estado más seguro de la República Mexicana, después de Quintana Roo. Y el rubro de los “desaparecidos” sigue siendo uno de los temas más delicados.

Hace algunos meses un grupo de familiares de “desaparecidos” acudió a denunciar a diversos medios de comunicación la supuesta falta de atención por parte de las autoridades del Ministerio Público y es que, la autoridad no tenía las herramientas para actuar de inmediato ante la real o aparente “desaparición” de las personas, no había una norma que precisara la participación de la autoridad competente en esta delicada materia.

El tema fue acogido por algunos medios de comunicación nacional, como lo vuelve a ser nuevamente, pero más como un tema de escándalo mediático que como una noticia que impacte y obligue a las autoridades a actuar en consecuencia. Otros más ven la oportunidad mediática y política para “sacar raja” ante la supuesta ineptitud o falta de interés de las autoridades. Lo cierto es que por medio del Procurador General de Justicia, Arsenio Durán Becerra, se han dado las cifras de las denuncias presentadas.

Que algunos, no se sabe cuántos, de los supuestos “desaparecidos” no han estado realmente desaparecidos, como el joven que apenas hace unos días se supo que anda con su novia en otro estado; lo mismo sucedió hace algunos meses con otro joven, exactamente lo mismo. Así que unos sí son “desaparecidos” y otros andan en el jolgorio de los festejos. Por ello no se puede saber en realidad cuántos son los “desaparecidos”.

Criticamos en su momento la falta de una norma jurídica que obligara a la autoridad para que actuara de inmediato en la búsqueda y localización de la persona “desaparecida”. El gobernador prometió y cumplió, el mes pasado, 6 de junio para ser exactos, se publicó en el periódico La Sombra de Arteaga la nueva ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el estado de Querétaro. Ya hay normas precisas que distribuyen facultades y obligaciones.

Ahora el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de inmediato ante la denuncia que se presente, es más, debe actuar de oficio si conoce de algún “desaparecido” y no hay quien presente la denuncia. También involucra a la sociedad civil, la cual muchas veces permanece al margen de los problemas por no inmiscuirse en ellos; en lo sucesivo tenemos la obligación de denunciar éste y otros hechos. Solo falta conocer el Programa Estatal en esta materia, para lo cual el Ejecutivo tiene 90 días para su realización a partir de la entrada en vigor de la ley, fecha que vence el próximo 6 de septiembre.

El delicado asunto no debe politizarse; tampoco mediatizarse para pretender hacer creer a la ciudadanía que nuestro estado es inseguro, hecho por demás falso. El problema de los “desaparecidos” debe tratarse con profesionalismo, el tema lo exige. El gobernador lo está haciendo y su administración trabaja en ello sin triunfalismos ni fatalismos.

Analista Legislativo