Entre apagones, crisis y “hazañas”, la contrarreforma va

Salvador García Soto

La nueva Ley de la Industria Eléctrica —que podría ser la última gran reforma legal que apruebe la actual mayoría legislativa de Morena y una de las que más le importan al presidente para “sentar las bases” de su “cuarta transformación” antes de los inciertos comicios de junio próximo— tendrá una aprobación de casi trámite este martes en la Cámara de Diputados. Y antes de que termine la semana, la mayoría morenista hará lo mismo en el Senado de la República para que el Ejecutivo federal la promulgue de inmediato y “sin cambiarle ni una coma”, según volvió a advertir ayer López Obrador desde La Paz, en un mensaje de fuerza que confirma que no hay marcha atrás en la contrarreforma al sector eléctrico y que, llegado el caso, iría hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para “blindarla” y legitimar su constitucionalidad.

Porque si ya damos por descontado que los sumisos diputados y senadores de Morena aplicarán su aplanadora legislativa para sacar, antes del 28 de febrero, la reforma que le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad un papel dominante y privilegiado en el sector eléctrico, en menoscabo de las empresas privadas y de generación de energías limpias que hoy producen el 48% de la electricidad total en el país, lo que sigue es esperar a que la nueva Ley de Industria Eléctrica sea promulgada por el Ejecutivo y a partir de ahí pueda ser controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con acciones de constitucionalidad o controversias constitucionales, como las que ya han anunciado algunos gobernadores estatales y que impulsarían también empresarios del sector eléctrico, cuyos abogados ya incluso trabajan en los razonamientos legales para buscar que se declare la inconstitucionalidad de esa ley.

Y al llegar al tema a la Corte el voto de los ministros tendrá la última palabra para saber si la iniciativa eléctrica de López Obrador vive o muere. El reciente fallo de la Segunda Sala de la Corte que tumbó el decreto de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocido como el “decreto Nahle”, ha hecho que muchos crean que, con ese precedente, prácticamente es un hecho que si se aprueba la nueva reforma eléctrica también será anulada en automático por la Corte, pero hay elementos que nos dicen que no necesariamente sería así. La contrarreforma lopezobradorista podría incluso ser “blindada” por los mismos ministros y, fuentes tanto de la Presidencia como del Poder Judicial, nos aseguran que desde Palacio Nacional ya están operando para que la Corte valide la constitucionalidad de la nueva ley.

El tema, nos explican, tiene que ver con que lo que anuló la Corte era un Acuerdo emitido por el Ejecutivo en forma de decreto, por eso el caso fue turnado y se resolvió en la Segunda Sala y no en el pleno de la SCJN. Esa Segunda Sala es en donde hay menos presencia de ministros afines a la 4T y eso se reflejó en la votación de 4 votos a 1 en contra del “Decreto Nahle” para terminar tirándolo. El único voto en contra fue de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, claramente identificada con el gobierno lopezobradorista. Pero en caso de una controversia contra la Ley de la Industria Eléctrica, por tratarse ya de una ley, sólo puede impugnarse por una acción de inconstitucionalidad y esas necesariamente las revisa el pleno de la Corte y ahí es donde podría venir la estrategia para que, una vez más, los ministros se inclinen a favor de la iniciativa presidencial.

Para que una acción de inconstitucionalidad prospere y se anule la ley se requieren, forzosamente, un mínimo de 8 votos a favor de declararla inconstitucional. Y de los 11 ministros que tiene la Corte, cuatro de ellos tienen vínculos claros y votan mayoritariamente a favor de la 4T: la ya mencionada Yasmín Esquivel, que claramente votó a favor del mencionado decreto eléctrico que estaba en los mismos términos que la próxima ley, el ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Si esos cuatro votos se suman impedirían que se junten los 8 votos necesarios para aprobar la inconstitucionalidad, con lo que la contrarreforma eléctrica de López Obrador sería legitimada y declarada constitucional. Son cuatro votos que se ven seguros y garantizarían que la reforma no se anule. Lo único que podría evitar que la Corte avale la reforma lopezobradorista es un tema de congruencia, pero ante el tamaño de esta iniciativa y lo que representa para la 4T —amén de las presiones que suelen ejercer contra los ministros— es muy posible que eso no los detenga.

Y por si eso no fuera suficiente, en caso de que los tiempos y la discusión de la Constitucionalidad se alarguen, en noviembre próximo termina su periodo el ministro Fernando Franco y es un hecho que el nuevo ministro o ministra que proponga el presidente y que apruebe el Senado también sea afín al Ejecutivo lo que aumentaría las probabilidades de que la ley eléctrica termine siendo validada por la Corte. Tal vez por eso en la Consejería Jurídica de la Presidencia y en el Congreso, pero sobre todo en el ánimo y la convicción del presidente López Obrador, que ayer desde La Paz apuró a los legisladores a consumar la ley que le devolverá a la CFE el monopolio de la generación de energía eléctrica, hay tanta confianza de que a su iniciativa “no le quitarán ni una coma”, tanto en el Congreso como en la Suprema Corte.

NOTAS INDISCRETAS…

El informe General Ejecutivo de la Cuente Pública del 2019, que presentó la Auditoría Superior de la Federación, sobre el primer año presupuestal del gobierno de López Obrador, es un duro golpe al discurso y la bandera de que la corrupción ya se terminó en este gobierno. El nivel de irregularidades administrativas y los montos de recursos faltantes en las distintas dependencias, programas sociales y obras emblemáticas de este gobierno, por un total de 12 mil 276 millones de pesos, tendrá que aclararse y tal vez muchas de esas irregularidades aún puedan ser subsanadas y explicadas por las áreas auditadas, pero ya de entrada el monto y, sobre todo el nivel de faltas, inconsistencias y ocultamiento de información sobre el ejercicio del gasto público denunciados por el auditor federal, David Colmenares, en la presentación de su informe ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, es un duro golpe a la congruencia de un gobierno que asegura haber barrido ya la corrupción en el gobierno. El proceso de aclaración apenas comienza y veremos cuántas dependencias, secretarías y áreas del gobierno federal pueden explicar y aclarar los recursos faltantes y comprobar su buen destino y cuántos de plano, de no hacerlo, terminan con denuncias penales de la ASF ante la Fiscalía General de la República. Pero por lo pronto, aunque el golpe mayor de esta primer auditoría es al presidente, que jura y perjura que en su gobierno ya no hay corrupción, mientras parece que abajo sus secretarios y funcionarios no le hacen caso y están repitiendo viejas prácticas y vicios que el presidente condena todos los días “porque no somos iguales”, el otro golpe directo y certero se lo dio el auditor Colmenares a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a quien acusó ante el Congreso y en su informe, de negarse a colaborar y a dar información a la ASF, a pesar de los reiterados intentos por que el área encargada de combatir la corrupción en el gobierno cooperara con los auditores federales. Grave la acusación de que los que debieran ser los primeros y más transparentes a la hora de ser auditados, por ser los que se supone que auditan y controlan a los funcionarios federales, hubieran mostrado tantas “resistencias” para ser auditados y entregar información al órgano federal de fiscalización de los recursos públicos. ¿Qué tendrían que esconder en la Función Pública como para no cooperar con la ASF? No cabe duda de que uno es el discurso que vende todos los días el presidente en sus mañaneras y otra muy distinta la realidad, porque si se revisa a detalle el informe del auditor superior, tal parece que, sin que López Obrador se entere de nada, su administración es un desastre administrativo y sus programas y obras más emblemáticas, están resultando no solo opacas y caóticas en el ejercicio del gasto público, sino también muestran signos de corrupción…Los dados mandan Escalera doble. Bien comienza la semana. 

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