¿En qué invertir: partidos políticos o educación?

Lo que estos ejercicios de elección en México hacen evidente es el gran desinterés y la poca sensibilidad que tiene la clase política de atender los reclamos de la sociedad y, particularmente, las necesidades educativas y de investigación
10/09/2017
08:58
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¿En qué debe invertir un país? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha hecho un llamado urgente para que las naciones impulsen la investigación y el desarrollo de sus pueblos. Algunos países tales como Japón, Dinamarca, Finlandia y Suecia han determinado destinar a estas actividades incluso más de 3% del Producto Interno  Bruto (PIB). 

En cambio, para este fin, el gobierno mexicano apenas destina 0.5% del PIB, pero hace un gran derroche económico para mantener a uno de los aparatos electorales más caros del mundo. De acuerdo con la BBC de Londres, en 2012, durante la elección presidencial de Enrique Peña Nieto, México gastó 25 dólares por cada habitante en edad de votar; ese mismo año, teniendo como referencia el mismo parámetro, en la reelección de Barack Obama, Estados Unidos gastó alrededor de 11.67 dólares, y la elección de François Hollande en Francia costó 1.88 dólares. Y peor aún, se estima que el proceso electoral del próximo año en nuestro país tendrá un costo de 40 dólares por cada persona inscrita en el padrón electoral.

Lo que estos ejercicios de elección en México hacen evidente es el gran desinterés y la poca sensibilidad que tiene la clase política de atender los reclamos de la sociedad y, particularmente, las necesidades educativas y de investigación, quizás por ignorar los beneficios que estas labores aportan al desarrollo del país. 
Muestra de esto es la reciente declaración que hizo un diputado local del Partido Acción Nacional, sobre la iniciativa de otorgar un porcentaje fijo del presupuesto de Querétaro a la Máxima Casa de Estudios del estado, respecto a lo cual aseguró que “no existe en ningún estado de la República y en otros países con democracias avanzadas, presupuestos fijos”, por lo que indicó: “me parece que es faccioso, es falso, tramposo el decir pues démosle un presupuesto fijo”, sin saber que en Morelos y Veracruz sus constituciones salvaguardan el derecho a la educación a partir de fijar presupuesto exclusivo para ese propósito.

Hoy no se tiene certeza de los criterios que las autoridades legislativas valoran para distribuir el dinero de los mexicanos y no paran de recortar los recursos que se aplican para atender las necesidades más elementales de la población. Sin embargo, contradictoriamente, esos legisladores —representantes de sus partidos políticos más de que los ciudadanos— sí han asegurado en el Artículo 41 de Constitución Política del país una fórmula para fijar anualmente el dinero que sus partidos reciben, cantidad que cada año es mayor de acuerdo con el crecimiento del padrón electoral, sin que importe si las personas salen o no a votar, o si primero tienen garantizados sus derechos humanos a la salud, alimentación, educación o seguridad.

Por ello resulta inaceptable que el destino de México dependa de la voluntad de políticos que han diseñado para el país un modelo de democracia en el que el derroche de dinero en espectaculares es más grande que la inversión que reciben escuelas y hospitales, y donde resulta más sencillo y rentable formar un partido político que crear una empresa que genere empleos.

Fuga de recursos. Se ha señalado que para las elecciones de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) está solicitando a la Secretaría de Hacienda un presupuesto histórico de más de 25 mil millones de pesos y a esa cifra todavía hay que sumar lo que cuesta mantener a las autoridades electorales de cada estado y el financiamiento que éstas también otorgan a los partidos políticos, aunado al gasto en spots de radio y televisión institucionales y de los partidos políticos, publicidad que para los partidos no representa un costo pues se paga con los impuestos.

Para calcular un aproximado de lo que se gastará el siguiente año, los más de 25 mil millones proyectados para las elecciones de 2018 se pueden sumar con el derroche que hubo en 2012 —año que sirve de referencia por también haber sido de elecciones federales— en el que además del precio del proceso, se destinaron más de 5 mil millones de pesos para las autoridades electorales de los estados y más de 20 mil millones de pesos para publicidad. Suponiendo que no crecieran más esas cifras, para el 2018 México podría tener un gasto de más de 50 mil millones de pesos, cantidad que equivale a la inversión que el Gobierno Federal está proyectando destinar en 2018 para el presupuesto de las 31 universidades estatales públicas.

El cuestionamiento a toda esta fuga de recursos económicos se agrava al considerar que a pesar del oneroso y creciente dispendio en cada proceso electoral, no se ha logrado que el costo se refleje en la credibilidad y satisfacción que los ciudadanos tienen en las instituciones electorales, ni mucho menos en los partidos políticos. Por lo que ese derroche para mantener a la clase política y sus privilegios es un gasto a fondo perdido porque además no genera riqueza económica para el país, como sí lo hace la educación y la investigación. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología calcula que México recupera 6.42 veces la inversión que hace en un estudiante de especialidad que fue becado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad; 4.2 veces la inversión en un estudiante de maestría y 3.2 veces la inversión en uno de doctorado. ¿Cuánto recupera el país del gasto que hace en partidos políticos y procesos electorales?

No al derroche. Nuestra Universidad pone el ejemplo transformando esta realidad, pues además de entregar buenas cuentas en lo académico, en la investigación y en el servicio a la sociedad, también ha transitado a ejercicios de elección que no implican campañas costosas, ni fiestas, ni regalos para ganar el voto de la comunidad universitaria. Esto permite que cualquier profesor pueda aspirar a ser rector, sin necesitar de patrocinadores ni mecenas que financien su campaña, ya que lo fundamental se encuentra en su trayectoria, en sus propuestas y en el debate de las ideas que es necesario para seguir construyendo la educación, la investigación y la ciencia que el país necesita. 

Por ello, la institución sólo destina recursos para la organización de los debates en las unidades académicas, para la impresión de los planes de trabajo y los curriculums de los candidatos, y no hay derroche en espectaculares, suvenires, cierres y aperturas de campaña, entre otros gastos innecesarios.
Mientras que la Universidad de Querétaro ha dicho No al derroche, la clase política ignora las demandas sociales y parece ansiosa de poseer más y más privilegios. Esta comunidad universitaria está haciendo su parte para que cada peso que entra a la institución se invierta en los estudiantes, en la ciencia y en el servicio que da a la sociedad. La Autónoma de Querétaro seguirá fortaleciéndose como una institución que es de la sociedad y por eso continuará exigiendo responsablemente un presupuesto justo y suficiente, que le permita seguir siendo solidaria con la población, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 

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