En manos de los asesinos

Alfonso Zárate

El miércoles 3 de octubre, por la noche, fue descubierto el cuerpo de José Eduardo Moreira. El hijo mayor de Humberto Moreira —ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila— presentaba dos balazos en la cabeza. Los asesinos sabían con quién se metían, pero no les importó, tenían una certeza: la descomposición del sistema de procuración y administración de justicia. Los verdugos podían dormir tranquilos.

De inmediato fueron desplazados a Coahuila contingentes de la PGR y de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad Pública, unos 4 mil elementos, entre ellos, peritos, investigadores de la División Científica de la Policía Federal, expertos en criminalística, balística y fotografía forense.

A la desmesura en la respuesta gubernamental correspondió la reacción dura, incluso insensible, en algunas franjas de las redes sociales que no aceptan que haya distingos entre esa muerte y las otras.

El homicidio se inscribe en un momento difícil para la familia Moreira, la ruptura. La viuda de Eduardo estalló: “¡¡¡Rubén Moreira Valdez, no sabes gobernar!!! ¡¡¡Esto es tu culpa maldito!!! ¡¡¡Renuncia!!!”, escribió en un tuit. ¿Por qué sería su culpa? No está claro. ¿Porque le quitó escoltas o vehículo blindado, como dicen algunos? La ausencia del gobernador en el funeral, en la misa y en el panteón resalta el clima de tensión de la familia.

Aunque hay avances sensibles en la investigación, todavía no resultan claros los móviles del crimen. Se sabe que el subdirector de la policía de Acuña, Rodolfo Castillo Montes, presunto protector de Los Zetas en la región, lo había llamado. El joven Eduardo comentó a un amigo que se encontraría con él “para ver qué es lo que quiere”. Sin embargo, el diario 24 Horas presentó el martes una foto en la que José Eduardo departe amigablemente con quien lo habría puesto en manos de los asesinos.

Las hipótesis son varias. La que parece más firme se refiere a la venganza de Miguel Ángel Treviño, Z-40, por la muerte de su sobrino Alejandro, abatido unos días antes por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la procuraduría de Coahuila. Pero caben otras líneas de investigación. En primer lugar, un acto de “desagravio” contra Humberto Moreira por alguno de los intereses afectados durante su gobierno; habría llegado el momento para el ajuste de cuentas. Tampoco es descartable una respuesta del crimen organizado por la decisión del gobierno estatal de tomar en serio el combate a los criminales o por haber roto algún compromiso de protección al cártel. Y no podría desecharse, aunque resulte delicado, el cobro de facturas al propio Eduardo.

En sólo seis años, la familia Moreira se apropió de algunos de los más importantes espacios de poder en la entidad: además de la gubernatura, controlaban el Congreso local, el comité directivo del PRI y el liderazgo del sindicato magisterial. En el extremo, Humberto le heredó el poder a Rubén, su hermano mayor. Pero frente al enorme poder concentrado por una camarilla, está otro, el del crimen organizado.

Los estados “más calientes” (Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila…) son gobernados por priístas. El presidente Calderón no contó con el apoyo de muchos gobernadores que renunciaron a su responsabilidad en materia de seguridad. Con Peña Nieto esto tiene que cambiar.

Finalmente, el crimen en Coahuila nos recuerda el estado lastimoso de la mayoría de las corporaciones policiales a nivel municipal. Mal pagados, mal entrenados, con armamento viejo y sin protección para sus familias, los agentes son presa fácil de la delincuencia que los compra o intimida. Apenas la semana pasada se difundió en YouTube una conversación entre quien dijo ser representante de La Familia Michoacana (la misma banda que, según decía hace unos años Felipe Calderón, “andaba a salto de mata”) y el presidente municipal de Teloloapan, Guerrero, Ignacio de Jesús Valladares, quien no podrá gobernar ante el riesgo de ser asesinado.

Estos hechos, que han sembrado miedo en la sociedad, seguirán ocurriendo mientras prevalezca la impunidad. Son miles y miles los casos de crímenes sin castigo, incluso algunos de alto impacto como el de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Como lo evidencia el asesinato del joven Moreira, nadie está a salvo.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario

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