El accidentado proceso de gestación del ejercicio de revocación de mandato, programado para el siguiente año, ha estado plagado de irregularidades que han llevado a las instituciones, poderes, actores políticos y a la sociedad hacia un desgaste innecesario e infructuoso. De entrada, la creación de la ley reglamentaria recibió críticas por la celeridad con la que fue aprobada, luego de que el poder legislativo incurrió en omisión para dar cumplimiento a la expedición de la Ley Federal en la materia.

Posteriormente, el poder omiso en la expedición de la ley, fue el mismo que decidió aprobar un presupuesto insuficiente —a criterio técnico del órgano electoral—. A partir de ese momento, la incertidumbre sobre el proceso ha escalado, al grado de que el mismo Instituto promovió una controversia constitucional, la cual fue negada en su admisión a trámite, toda vez que la revocación es un hecho incierto, es decir, materialmente no existe porque aún no se satisface el requisito legal de cumplir con el 3% de la lista nominal de electores que soliciten realizarla.

Es normal que, en aras de una correcta planificación, el órgano electoral haya tomado la decisión de aplazar algunas de las actividades concernientes a la organización de una eventual revocación de mandato, pero dicho acto se acordó con una votación dividida. En tal sentido, el poder legislativo nuevamente, como queriendo que se haga mal para desprestigiar al Instituto, promovió una controversia constitucional cuya suspensión fue admitida a trámite, ordenando así al INE abstenerse de ejecutar su propio acuerdo.

Todos los sucesos relatados anteriormente, han tenido un impacto negativo en la opinión pública, pues como sociedad nos han llevado a una discusión estéril: a favor del INE o en contra de él. Esta es una dicotomía absurda, pues los 6 de los 11 consejeros que votaron en favor del acuerdo —hoy suspendido por la comisión de receso de la SCJN—, expusieron sus razones de porqué debía posponerse mas no cancelarse el ejercicio; este fallo ha nutrido el catálogo de falacias argumentativas con las que los seguidores del presidente de la república y del partido morena pretenden polarizar a la sociedad, en esta ocasión en contra de un órgano constitucional autónomo.

Cabe señalar que el INE es una garantía constitucional protectora de nuestros derechos políticos, el INE es mucho más que su consejo general o algunos de sus consejeros, es el patrimonio político de una sociedad que ha padecido fraudes electorales. Buscar a como dé lugar llevar a cabo un ejercicio que el grueso de la sociedad mexicana no pide, solo para arrinconar a un grupo y juzgarlo a posteriori, es una batalla donde perderá la incipiente y frágil democracia mexicana.

Twitter: carlosfcps / FB: Carlos Velázquez

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