Uno de los temas que ha generado un fuerte debate no sólo en redes sociales sino en los congresos locales y en espacios legislativos internacionales es el discurso de odio, por los efectos que genera en la sociedad y sus consecuencias.

Este es un tema que bien vale la pena analizar desde una perspectiva objetiva, pero igualmente es necesario poner en la mesa del debate nuestra responsabilidad respecto a la sociedad que estamos construyendo.

Para empezar, qué significa un discurso de odio.

Se ha definido que el discurso de odio es el fomento, la promoción o la instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza  a una persona o a un grupo, con la justificación de que esas manifestaciones son por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales.

Toda forma de discurso de odio es discriminatoria, es violenta y distingue a estos grupos del resto a menudo por ser percibidas como diferentes, ya sea como señalamos anteriormente por razón de su origen, religión, género, orientación sexual u otras características o condiciones personales.

Una de las características del discurso de odio es contribuir a crear un clima general de intolerancia que genera consecuencias muy concretas para los grupos afectados y para la sociedad en general.

Uno de los objetivos principales del discurso de odio es difamar a personas que forman parte de grupos vulnerables o minoritarios, a través de la difusión de estereotipos y rumores, lo que significa que se afecte la percepción que la población general tiene sobre los mismos.

Genera actitudes discriminatorias tanto de individuos, como de los representantes de las instituciones públicas. Éstas incluyen a menudo negar acceso a bienes públicos como el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación, lo que contribuye a su exclusión y marginación.

El discurso de odio a menudo se cobija en el derecho de la libertad de expresión, pero hay que decir que cotidianamente esa libertad no es absoluta y está limitada cuando transgrede otros derechos como la igualdad y la dignidad de las personas.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en nuestro país establece la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

El artículo 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo siguiente:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Es un hecho que durante esta pandemia mundial las redes sociales se han convertido en los canales predilectos para generar discurso de odio, disfrazados de opiniones personales, y por ello, la oportunidad impostergable de legislar en esta materia.

Por eso junto con mis compañeras legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) presentaremos una iniciativa para sancionar los discursos de odio que inciten a la discriminación, y pretendemos que incluyan sanciones para los funcionarios públicos que cometan el delito.

Esta propuesta de iniciativa surge de un llamado de organizaciones civiles para que se tipifiquen los discursos de odio y buscamos reformar del Código Penal del Estado para hacer posible estas sanciones.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupo Vulnerables, y Vivienda en el Congreso del Estado considero indispensable que en esta iniciativa se contemple el aumento de penas de carácter penal para quienes promuevan o difundan este tipo de discursos. La propuesta considera que sea un delito por querella, y sea juzgado de igual manera hacia un servidor público o un ciudadano.

Para reducir la incidencia del odio en la sociedad, es preciso un esfuerzo conjunto por parte de actores sociales específicos, la administración pública, los medios de comunicación, la academia, las empresas, las entidades, así como de la ciudadanía en general.

Este es mi compromiso y te invito a que participes en fomentar una cultura de la paz y la tolerancia.