A unos días de la jornada electoral, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha señalado que si bien se han detectado algunas dificultades, así como zonas de riesgo vinculadas al crimen organizado, no hay señal de alarma para realizar los comicios.
Por el contrario, dijo: “Son millones los que han participado en campañas y millones los que van a ir a casillas y menos, muchos menos, los que han dicho que evitarán el proceso electoral”. Y abundó “son más los que quieren elecciones en este país y al Estado mexicano le corresponde dar las garantías para lograrlo”.
De acuerdo con la versión de Francisco Gárate del PAN, sobre la reunión sostenida por el presidente del INE con los representantes de los partidos, Oaxaca y Guerrero concentran los principales riesgos para la elección a causa de los movimientos sociales. ‘‘En el tema de inconformidad y subversión, la entidad más dramática es Oaxaca, donde existe una amenaza de la CNTE de no permitir la instalación de casillas’’, en tanto que en Guerrero, los lugares problemáticos son: Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa. En cuanto a criminalidad, dijo, los focos rojos se encuentran en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, aunque precisó que, el presidente del INE no percibe algún intento de sabotaje por parte del crimen organizado.
Así, tanto para el titular de Gobernación, como para el presidente del INE, salvo casos aislados, la elección se dará en un escenario de normalidad democrática, donde los principales problemas no se encuentran en la influencia del crimen organizado, sino donde existen diferentes movimientos sociales. Lo que dista de la realidad.
Durante el proceso electoral han sido asesinados una precandidata, tres candidatos, un coordinador de campaña en el Distrito Federal y tres dirigentes municipales. Las campañas se han teñido por una guerra sucia, basada en acusaciones mutuas de corrupción, dispendio de recursos públicos y privados, y espionaje. A la manipulación del voto de los beneficiarios de los programas sociales y el reparto de despensas, electrodomésticos y materiales de construcción —prohibidos por la ley—, se suma la violencia generada por grupos de golpeadores al servicio de candidatos; el asalto a oficinas de campaña, así como la impunidad con la que algunos partidos, trasgrediendo la ley, acceden a los medios de comunicación en complicidad con los concesionarios, bajo el cobijo del Tribunal Electoral, convertido en tribunal de consigna, que no duda en contravenir sus propias resoluciones ni en revocar las escasas sanciones que impone el INE.
En tanto, continúan sin aclararse las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014; la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014: el asesinato de civiles desarmados que realizaban un plantón en el Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, por policías federales; los hechos del 1 de mayo, en Jalisco, durante el enfrentamiento de fuerzas federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que registraron bloqueos en 25 municipios y un saldo de 6 militares, un elemento de la fiscalía del estado, y 8 presuntos delincuentes muertos. La desaparición de al menos 30 personas, en Chilapa, Guerrero, entre el 9 y el 15 de mayo, y los hechos acaecidos en Ecuandureo, Michoacán, el 22 de mayo, donde fuerzas federales abatieron al menos a 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo que aunado a las campañas abstencionistas y por el voto nulo derivadas del descrédito de la autoridad y del hartazgo social contra la corrupción y la impunidad, difícilmente pueden llegar a la conclusión de que existe un escenario de normalidad. Justamente por ello, el próximo domingo hay que salir a votar y cambiar a los responsables de esta situación.
Senador de la República
