Elecciones, crisis y reformas

MIGUEL PULIDO JIMÉNEZ

A pesar de nuestra complejidad política, de lo diversa que es nuestra sociedad y de lo intensa que puede ser nuestra historia, en ocasiones el simplismo define la narrativa de nuestra vida pública. Tan es así que, en los últimos 25 años, tres factores permiten describir prácticamente cualquier momento de la vida nacional: elecciones (la clase política siempre se está disputando algo); crisis (ya sea económica, política, social o todas juntas); y reformas (ahí vamos a vueltas con las avalanchas de promesas legislativas transformadoras).

Como en reacción a cada crisis nos regalamos una institución, el paisaje institucional nos ha quedado variopinto. En las últimas décadas hemos creado un conjunto de instituciones que podríamos describir como sofisticadas (por no decir singulares). Tenemos un entramado electoral que cuenta con un órgano administrativo, un tribunal especializado, un régimen de financiamiento público de los partidos políticos y una feria de requisitos y formalidades que regulan el acceso a los puestos de elección popular (desde una presidencia municipal hasta, incluso, la Presidencia de la República).

Somos tímidos aprendices de los contrapesos y la división de poderes. Después de la reforma de los 90’s, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un rol cada vez más importante y, si bien tiene un campo de autonomía serio, también suele ser víctima de decisiones pendulares o de las trampas de su propia vida política interna. Pero el descubrimiento de la “autonomía constitucional” nos embargó en emoción. Con gestiones que van de lo inoperante a lo discreto, tenemos 33 comisiones de derechos humanos, una Auditoría Superior de la Federación con autonomía técnica, de operación y financiera. Se han creado órganos como los institutos de transparencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y consejos para prevenir todas las desviaciones de las conductas humanas.

Pero debemos reconocer que las “vistosas” reformas constitucionales y legales, así como la creación de instituciones no necesariamente se han traducido en cambios profundos en el acceso a la justicia, el control de la corrupción, el respeto a los derechos humanos o la justicia social. La nueva alternancia (es decir, el regreso del PRI al poder) está marcada por los escandalosos tropiezos que han tratado de disfrazar con un apropiamiento discursivo de la “agenda de la modernización”. Pero los problemas públicos lucen intocados. Aunque se resistan a aceptarlo, el sexenio de Peña Nieto lleva tatuada la marca de la desconfianza generalizada. Sus errores se agravan con sus omisiones.

Por ejemplo, las prioridades hechas públicas por este gobierno como parte de su llamada “Presidencia Democrática” resultaron ser palabras al viento. Las reformas prometidas de: transparencia, anticorrupción y derechos humanos se han ido rezagando u olvidando. Por otra parte, las políticas de seguridad no han cambiado drásticamente. Si acaso, lo que había cambiado era la narrativa. Entonces la tosuda realidad desnudó los límites del silencio como estrategia. El diagnóstico nos pesa y nos marca: más de 60,000 muertos y más de 22,000 desaparecidos.

Total que ahí están la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia social esquivando la ráfaga de instituciones que les mandamos. Y así parece venir, tristemente, el 2015. Con la sociedad exigiendo transformaciones mientras la clase política repite la dosis: administrar la crisis, ensimismarse en las elecciones y prometer más reformas.

Analista político

Comentarios