A unos días del inicio legal del proceso electoral del 2021, el INE acordó el monto del financiamiento público para los partidos políticos existentes y aquellos que logren su registro. Solo para campañas de diputados federales serán repartidos 7 mil, 226, millones, 003 mil, 636 pesos. No podrán hacer nada el Congreso Federal ni el presidente de la República, para reducir ese monto, toda vez que el artículo 41 constitucional, establece las reglas para fijar la cantidad a otorgar a los partidos, normas que tampoco pueden ser reformadas 90 días antes del inicio del proceso electoral, acorde al 103 de la misma Constitución. Bien pueden sumar la misma cantidad que gastarán los mismos partidos para las campañas locales que se desarrollarán en todos los estados; 21 mil cargos de elección popular estarán en juego, entre ellos 15 gubernaturas.

Los políticos estarán consumiendo del erario más de 14 mil millones de pesos, con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Nuestra democracia continúa siendo costosa. De la fabulosa fortuna, los actores políticos pueden aportar otro tanto por medio de cuotas partidistas o más medios permitidos por la ley, sin llegar a rebasar el monto “oficial”, situación que puede provocar la pérdida del registro de los partidos políticos, incluso hacer fracasar una elección ganada en las urnas, todo por exceder los montos autorizados para gastar en tiempos de campañas.

El objetivo de las minorías partidistas es derrotar al partido en el poder, lo que de suyo se presenta cuesta arriba, dado que la contienda electoral no será equitativa ni justa. Anticipadamente el presidente de la República, hace campaña diariamente en pro de su partido. Ha formado una enorme plataforma electoral con la masa de beneficiarios cautivos de los programas sociales, electores que son custodiados por los “siervos de la nación”. Las minorías políticas están obligadas a solicitar el apoyo de la sociedad no solo para ganar en las urnas, también para conservar su registro.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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