Durante años, pero notablemente durante los últimos meses, diversos medios de comunicación han informado sobre la feroz lucha de intereses que tiene lugar al interior de Cruz Azul, la cooperativa más importante y grande de América Latina.
Aquí hemos dado puntual seguimiento a los hechos relevantes que han afectado a esta exitosa organización de 760 socios y que registra una facturación anual de al menos 30 mil millones de pesos.
En 2009, los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas tuvieron un fuerte enfrentamiento, con intercambio de acusaciones de malos manejos, que finalmente dirimieron. De ese año data la denuncia contra Guillermo, actual director de Cruz Azul, de haber trasladado millones de dólares de la cooperativa a paraísos fiscales, misma que fue sobreseída con el no ejercicio de la acción penal el 3 de noviembre de 2014, de acuerdo con un documento enviado por él a este reportero. En septiembre de 2018 se realizó una asamblea de socios en la que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel -cooperativistas opositores a los hermanos Álvarez Cuevas- resultaron electos presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia, respectivamente. Pero en noviembre de ese año, un juez de la ciudad de México desconoció la validez de esa asamblea por procedimientos amañados y, en consecuencia, Marín y Velázquez fueron separados de esos cargos.
Con el cambio de gobierno, se intensificaron los intercambios de acusaciones de los dos grupos. Aquí se los relaté en las columnas “El caso Cruz Azul: demasiadas y extrañas coincidencias” (http://cort.as/-JtnJ) y ¿Un grupo político quiere controlar la caja de Cruz Azul? (http://cort.as/-JtnP).
De lo anterior se infiere que Marín y Velázquez, gerente de Optimización y director Comercial ya separados de sus puestos, han buscado politizar un tema que nada tiene que ver con el combate a la corrupción que alegan sino con el control de cuantiosos recursos. Un documento en poder de este reportero revela que los malos manejos encontrados en la Cooperativa fueron denunciados el 25 de agosto de 2018, cuando ellos estaban al frente de los consejos de Administración y Vigilancia, sin que nada hicieran al respecto. Entre otros, el fraude y desfalco contra el patrimonio cooperativista en la empresa Azul Cerámica, encargada de los transportes de entrega de cemento y en donde se manifestaba que el director comercial, Víctor Manuel Velázquez, habría manipulado entregas y sobre cargas para obtener cuantiosas ganancias. El 14 de septiembre de ese mismo año se insistió en la acusación, pero el acusado, todavía al frente del consejo de Vigilancia, no dio respuesta alguna.
Lo anterior forma parte de las diversas auditorías que la empresa ha emprendido durante los últimos años por orden de la dirección y que han evidenciado desfalcos de por lo menos mil millones de pesos, en los que los hoy quejosos aparecen como presuntos responsables junto con otros socios como Wilfrido Arroyo, gerente de la Planta de Hidalgo; Juan Briseño, director Financiero; Jorge Cruz, gerente de Ventas Regional y Héctor Lara, jefe de Control de Proyectos, quienes no logran justificar grandes fortunas y poder que han amasado presumiblemente a costillas de los más de 760 socios en activo de la organización.
Acaso por eso insistan que son víctimas por pedir rendición de cuentas, soslayando que ellos mismos están sujetos a acusaciones de corrupción cuya defensa legal ha sido cubierta con recursos de la cooperativa.
Instantáneas:
1. RÉPLICA. En atención a su derecho, EL UNIVERSAL publica hoy la réplica de Julio César Velázquez Hernández, representante legal de Marco Antonio Reyes Saldívar de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, en relación con lo dicho por esta columna en el apartado 2 titulado “SOSPECHOSISMO” de la entrega pasada. Atendido su derecho, solo hago un par de precisiones: aunque, en efecto, no ha iniciado el proceso formal de licitación de los servicios de limpieza en el AICM, ya hay “pre-bases” a partir de las cuales se advirtió que hay intereses que pretenden beneficiar a empresas específicas; y no se desconoció la existencia legal del organismo CONOCER, avalado por la SEP para contratar servicios de calidad, sino que se aclaró que la Ley de Adquisiciones no exige como requisito su visto bueno. Por lo demás, se agradece que nos haga saber que Reyes Saldívar no tiene vínculos empresariales y nos comparta las denuncias de empresas acusadas formalmente de omitir y falsificar requisitos para participar en procesos de licitación, entre las que se señalan las de Enrique José Gómez Mandujano, Fernando Ernesto Amador Morato Ganem y José Juan Reyes Domínguez.
2. ERROR. Al pedir la renuncia del doctor Tonatiuh Guillén como director del Instituto Nacional de Migración (INM), AMLO prescindió del mexicano que más ha estudiado y conoce a fondo el intrincado tema. Lo ha hecho desde la academia de donde saltó a dirigir el Colegio de las Fronteras. Pero ese fue el costo a pagar por el cambio de visión en la política migratoria del país a consecuencia de las presiones y amenazas de Trump. Pasamos de una visión de la migración como derecho humano a la de una amenaza de la seguridad nacional estadounidense. No alcanzamos a salir de esa órbita.
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