El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Se trata de un avance significativo para la democracia participativa en nuestro país, pues ha permitido abrir nuevos canales para involucrar de mejor manera a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Este tipo de herramientas siempre serán bienvenidas e impulsadas, pues permiten la pluralidad y la alternancia.

En el caso de la revocación de mandato, es un mecanismo que es simple en su nombre, pero complejo en su operación. Lo que se plantea básicamente es brindar a la ciudadanía la posibilidad de retirar el respaldo o apoyo que en las elecciones se le brindó a un gobernante, cuando éste no ha cumplido con sus promesas o compromisos.

Como bien lo dijo Abraham Lincoln “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Por esa razón es imperativo el dotarlo de las herramientas necesarias para que ese ideal representativo no quede en letra muerta.

Eso es lo que se pretende con la revocación de mandato. No obstante, de manera irónica, quien está más pendiente de este ejercicio no es el pueblo de México, sino el titular del Ejecutivo Federal ¿por qué será?

La realidad es que algunos defensores de la 4T buscan tergiversar la figura y, a base de juegos de palabras y frases, convertirla en una “ratificación de mandato”. No es lo mismo revocar que ratificar. El sentido de las palabras es totalmente opuesto. Mientras que uno tiene connotación negativa (revocar-quitar), el otro va en sentido positivo (ratificar-reiterar).

La cuestión es que el plazo para que el Congreso de la Unión emitiera la Ley reglamentaria venció el 21 de junio del año pasado y hasta el momento no se ha podido lograr el consenso para llevar a cabo ese ejercicio.

La presión para los legisladores aumenta desde Palacio Nacional y se debe a que el plazo que la Constitución estableció para aplicar la revocación de mandato en esta administración vence en diciembre de este año; de suerte tal que, si no se logra organizar dicho procedimiento, no podrá plantearse con este presidente.

Por lo pronto, el Senado de la República aprobó la iniciativa de Ley con una redacción no muy afortunada de la pregunta, donde no queda clara la respuesta que la ciudadanía debe dar.

Algo similar a lo que sucedió con la consulta popular de los expresidentes, la cual partió de una pregunta muy mal formulada que comprometió innecesariamente la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, para que al final, ni el 8% del electorado participara; sin mencionar el gasto que ascendió a 500 millones de pesos.

Si bien es importante impulsar esas figuras democráticas, también lo es que existen otros temas que también están en la agenda legislativa; como, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que supuestamente tenía que salir desde marzo de 2018.

Ante esto, falta esperar a que la iniciativa transite por la Cámara de Diputados y que se organice todo el procedimiento para la revocación de mandato, veremos si alcanza a salir antes de la fecha límite.

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