El trabajo legislativo en cuestionamiento

César Augusto Lachira Sáenz

En los medios radiofónicos se escucha un anuncio del Poder Legislativo que dice que los diputados “ahora si trabajarán” y que su empeño será tal, que será un Congreso recordado en la historia del estado. El asunto es que en toda nueva Legislatura dicen lo mismo y al final resultan tan malogrados los unos que los otros. No es el deseo de quitar las buenas intenciones a una Legislatura que presume tener la mejor calidad académica de licenciados y doctores en derecho, sino lo contrario, de exigir la creación de leyes acorde a las necesidades de la sociedad.

A lo expresado anteriormente parece que están haciendo lo contrario. Inicialmente se aventaron la “fabulosa” creación de la ley que declaraba a la tauromaquia patrimonio cultural del estado de Querétaro. El autor de la iniciativa, el diputado Marco Antonio León Hernández, argumentó las bondades que tiene la fiesta brava para el estado de Querétaro. Tan luego se aprobó la ley, grupos de defensores de los derechos de los animales salieron a protestar y denunciaban que la ley sólo se hizo para satisfacer al dueño de la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla, el poderoso empresario “Pollo” Torres Landa. De plano ¿será que dicha ley era urgente para la sociedad queretana?

Luego vino el asunto del magistrado Eugenio Castellanos Malo, en el que ha quedado demostrado que siendo jurídico el asunto se ha hecho político. La Legislatura se ha entrampado entre acatar la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso reponer el procedimiento y, por otro lado, en la no ratificación en el cargo; en respuesta, Castellanos Malo amagó con acudir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en caso de no resultar favorecido con el voto de los diputados.

El asunto se convirtió en una confrontación de bloques políticos que pone de manifiesto la partidocracia en la elección de responsables de organismos impartidores de justicia. Si bien es un asunto que se heredó de la anterior Legislatura ha faltado “oficio” político o razonabilidad para resolverlo.

Otro asunto que demuestra la escasa responsabilidad para el trabajo legislativo, y que en nada justifica el sueldo que percibe, lo es la del diputado de Nueva Alianza, Juan Alvarado Navarrete, quien en los últimos días ha estado prácticamente desaparecido de sus actividades. ¿Cómo se justifica los más de 120 mil pesos al mes que percibe nuestro diputado faltista? No existe justificación alguna, y lo peor del asunto es que nada va a pasar. Frente a estos hechos reprobables se debería proponer una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de establecer una sanción económica a los legisladores que no justifiquen sus inasistencias tanto a sesiones plenarias como a las reuniones de comisiones que integran.

Para colmo y por si fuera poco, en una acción que pone en entredicho la ética de nuestros legisladores, se acusa al Congreso de haber plagiado la iniciativa de la Ley para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión y del Ejercicio Periodístico. Si bien es cierto que debemos socializar el conocimiento y que en temas de leyes no hay nada nuevo bajo el sol, el fusilar textual, con puntos y comas lo que ha hecho otra Legislatura de otro estado, es nada ético. ¿Cómo se justifican su sueldo si lo que proponen es un trabajo ajeno?

Quisiera pensar que la publicidad que estamos escuchando en la radio de un Congreso que va a trabajar en serio sea verdaderamente en serio; capacidad académica la hay, oficio político sobra; entonces es hora de trabajar en leyes que verdaderamente satisfagan a la ciudadanía, que todos, incluyendo los miembros del Instituto de Investigaciones Legislativas, coadyuven al trabajo y justifique los grandes sueldos que perciben; al menos es parte de la lógica de la responsabilidad profesional que exige el actual gobernador.

Investigador del Instituto de Estudios Económicos Financieros (UAQ)

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