Los niños han sido una de las partes más vulnerables en todo tipo de guerra, abierta o encubierta. Durante el transcurso de los últimos diez años, la UNICEF ha estimado que más de un millón de niños han fallecido en conflictos armados. Las guerras afectan gravemente a los niños, debido a su vulnerabilidad, de muchas maneras. Solos e indefensos a causa del caos reinante, algunos son reclutados a la fuerza en milicias y otros explotados. Los derechos fundamentales de estos niños son descaradamente ignorados, en beneficio de actos bárbaros y crueles. En los conflictos armados a menudo los niños son las primeras víctimas civiles, además de la existencia de niños soldados, niños desplazados, huérfanos, heridos o discapacitados, encarcelados, explotados sexual o a través de trabajos forzados. Y son demasiado jóvenes para comprender lo que está ocurriendo, no tienen ninguna forma de defenderse contra el peligro. Son vulnerables y se convierten en un objetivo fácil que las Fuerzas Armadas no tienen reparos en explotar.

Estas son algunas de las consecuencias directas. Pero los niños son también afectados por la guerra de forma indirecta. Los conflictos armados, además, conllevan la destrucción de infraestructuras y servicios básicos (hospitales, escuelas, pozos, etcétera), lo que impide a los niños tener acceso a la educación, a la sanidad y a otros cuidados. La mayoría del tiempo se encuentran sin protección.

A nivel internacional, un niño debe estar protegido no sólo de una forma general como una persona no participante en hostilidades, sino que además se le debe dar protección especial por la cualidad de ser particularmente vulnerable. Un niño que participa en hostilidades debe ser igualmente protegido. La Convención de Ginebra en relación a la protección de individuos civiles en tiempos de guerra y su protocolo adicional, relativo a la conducción de hostilidades señala las garantías fundamentales como el derecho al respeto a la vida, a la integridad física y moral, la prohibición de los servicios corporales forzados, de torturas, castigos colectivos y represalias, aplicables a los niños. Además indica que ni la población civil ni los individuos civiles serán objeto de ataques.

En México en el mismo período, los niños son utilizados como instrumentos de las bandas criminales y los huérfanos e hijos de personas desaparecidas, son las principales víctimas de la estrategia contra las drogas que libra el gobierno en una costosa guerra disimulada.

Mientras el balance de esta guerra arroja hasta ahora más de 100 mil muertos, 27 mil desaparecidos y unos 250 mil desplazados, todavía no existen parámetros para evaluar la secuela brutal que deja la espiral de violencia en los niños mexicanos.

La Red por los derechos de la Infancia en México (Redim) estima que 27 mil niños trabajan directamente para el narcotráfico y más de 20 mil han quedado huérfanos. El estudio "Los Menores de edad en la delincuencia organizada", realizado por Redim, indica que los niños son utilizados para cometer delitos de todo tipo, desde robos sin importancia hasta asesinatos. Este fenómeno tiene lugar en todo el territorio nacional, pero la frecuencia es mayor en las áreas más pobres y marginadas, donde las armas, la violencia y las drogas son parte de la delincuencia organizada. Veamos algunos ejemplos: en la Zona Metropolitana de Monterrey, de enero de 2010 a octubre de 2013 la población en los reformatorios para menores de edad subió de manera alarmante en un 450%, de los cuales el 80% de los detenidos fueron acusados de delitos mayores. En el estado de Chihuahua, la industria maquiladora emplea a miles de madres solteras, que al ir a trabajar dejan a sus niños y adolescentes solos (se calcula que cerca de 100 mil niños menores de seis años) y automáticamente se convierten en blanco fácil para ser reclutados como "halcones" (vigilantes) o como vendedores de droga al por menor de las pandillas. En Torreón, Coahuila, hay numerosos huérfanos de víctimas de la violencia o desaparecidos, que ya reflejan una mentalidad perturbada.

Ante este brutal panorama, las instituciones gubernamentales mexicanas en todos sus niveles, se muestran incapaces de tomar medidas y de no estar preparadas para atender los efectos colaterales de la violencia. Por ello no sólo es indignante la revisión o cacheo a que fueron sujetos el pasado 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, por parte de uniformados federales (que revisaron de arriba a abajo), en un acto en situaciones de guerra, sino un exceso, un abuso y acto autoritario, que muestra una vez más la violación a los derechos de los niños en el país.

Y como señaló la diputada Lucía Pérez “¿A qué le tiene miedo el presidente Enrique Peña? ¿Qué puede portar bajo su ropa una niña de tres o cuatro años? ¿Un fusil, una pistola o algún tipo de arma?”. Nada justifica una revisión tan “dura” y un trato “tan indigno” a infantes que apenas pueden caminar. De ese tamaño es su miedo.

Sociólogo

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