La integración de los llamados “programas sociales” en ese catálogo de buenos deseos que es el artículo cuarto constitucional ha ocupado el espacio de las recientes discusiones legislativas. La crítica fundamental consiste en saber de dónde va a obtener el Estado dinero para cubrir esta nueva partida.

En el fondo, integrar prestaciones a nuestra norma fundamental, como lo demuestra la experiencia, no es garantía de cumplimiento. Por ejemplo, en el numeral citado se prescribe: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

En 1935, Lázaro Cárdenas reconoció el desfase entre la norma y la realidad, y se comprometió a solventarlo: “Así es que se ha venido consiguiendo elevación de salarios (…) y, en el futuro, construcción de casas para obreros (…) y otros derechos de índole social que, aunque están comprendidos en las leyes, no habían podido cumplirse y estamos logrando ya, sin tirantez que pudiera redundar en perjuicio de la producción”.

Casi 85 años después, el sueño de Cárdenas no ha podido cumplirse y hoy la construcción no es prioritaria para el gobierno federal ni para el capitalino, a pesar de que esta actividad económica abarca el 21.2% del total de afiliados al IMSS, sólo superada por el sector servicios (33.2%).

El freno a la industria inmobiliaria en la Ciudad de México no fue consecuencia del entorno, sino resultado de actos concretos. A los 100 días de su gestión, la jefa de gobierno informó que “se está acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario (…). Se han revisado los 174 polígonos de actuación autorizados en 2017 y 2018. Se encontraron irregularidades graves en 48 de ellos, de los cuales el INVEA suspendió la construcción de 17”.

Sin embargo, esta medida no se tradujo en procedimientos penales contra autoridades o empresas infractoras de la ley. Al contrario, propició mayor tortuguismo burocrático y generó la consecuente desconfianza de los inversores y el paulatino cierre del crédito.

Además, Gustavo Gómez y Lorena Sicilia concluyen que “a partir del año 2000 el número de viviendas en renta en toda la ciudad ha incrementado, la vivienda en propiedad ha disminuido y de mantenerse la tendencia, la propiedad en renta y en otra situación superarán a la vivienda en propiedad. Ante este escenario, la política de vivienda que apuesta a la tenencia de propiedad como garantía del acceso a una vivienda digna, pareciera que perderá la partida”.

El corolario es preocupante. El año pasado, este sector reportó una disminución de 26.8% de afiliados al IMSS respecto a 2018. El INEGI anunció que “el valor real de la producción de las empresas constructoras presentó una disminución de (-) 12%, las remuneraciones medias reales fueron menores en (-) 3.5%, el personal total ocupado en (-) 1.3% y las horas trabajadas en (-) 1.2% durante diciembre de 2019 con relación al mismo mes de un año antes”.

La recaudación local también se ha visto mermada. Dentro de los ingresos fiscales, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles aporta casi 15%, siendo, después de nóminas y predial, la contribución más importante. Este impuesto había sido recaudado conforme a lo presupuestado e incluso, más de lo esperado. Por ejemplo, en el ejercicio de 2017 estuvo 29.7% encima del objetivo y, en 2016, 7.9% más.

La caída inició en 2018, donde hubo una diferencia de 7.4% entre lo previsto y lo cobrado. En 2019, la Secretaría de Administración y Finanzas comunicó que “se recaudó (un) monto 8% inferior a las previsiones para el periodo y 12.7% por debajo del ingreso captado durante el cuarto trimestre de 2018, en términos reales”.

El 2020 no pinta nada esperanzador, primero con el reconocimiento anticipado de una nueva baja de 506 millones 579 mil 982 pesos respecto al periodo anterior; segundo, la nula implementación de incentivos al sector y, para rematar, la grave crisis de salud que enfrenta nuestro país.

En este escenario, parece complejo que se cumpla lo que Cárdenas expresó en su último informe de gobierno: “México vive hoy la época más vigorosa y plena de optimismo en la historia de su movimiento social, porque el pueblo trabajador de México ha adquirido ya conciencia de sus derechos y de sus obligaciones, y ejercita los primeros y cumple con las segundas, con sentido de responsabilidad, en un ambiente social y político de plena garantías que otorga el Poder Público, lo mismo a unas clases sociales que a otras”.