Desde hace años, el secuestro ocupa un espacio en la agenda pública. Desde la sociedad civil se ha alzado la voz para frenar uno de los delitos que más lastiman, no solo a la víctima, sino al entorno de quien lo sufre. Las secuelas que deja, acompañan a quienes lo sufren, por años, sino es que siempre.

Desde los gobiernos se han trazado estrategias, poco efectivas a decir de los resultados, para erradicarlo. Hay administraciones que han optado por crear instituciones o comisiones especializadas en su combate, sin embargo, estamos lejos de frenar un delito que provoca un daño enorme. Las cifras de enero a abril de este 2019, comparadas con las del año pasado, registran un incremento de 28% (Semáforo delictivo).

Son miles los casos contabilizados por las autoridades, pero más los que nunca son denunciados. De acuerdo con el Inegi solo 6.5% de los delitos que se cometen son denunciados. En la Encuesta Nacional de Victimización, publicada el año pasado, se apunta que en nuestro país ocurren alrededor de 200 secuestros al día. Pero no solo son las estrategias —o falta de ellas— de combate, sino la impunidad y la corrupción enraizadas en nuestro sistema de justicia penal, las que definen, también, la crisis de inseguridad en que vivimos.

El vínculo que existió entre la Policía y las bandas de La Flor y Los Petricholet en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí; la impunidad y la falta de capacidad al integrar un expediente que derivó en la libertad de secuestradores del grupo criminal de Los Rojos, que mutilaban a sus víctimas; la incertidumbre que permanentemente rodeará, por fallas en el debido proceso, el caso de Florence Cassez… son muestra de la podredumbre de un sistema que desprotege al ciudadano.

Raúl Escobar Poblete, chileno integrante del Frente Patriótico en su país, fue detenido en mayo de 2017 en San Miguel de Allende, Guanajuato. El excomandante, acusado de asesinar a un senador en Chile, cayó como presunto responsable del secuestro de la ciudadana estadunidense Nancy Michelle Kendall. Él pertenecería a una banda articulada en nuestro país que tendría un modus operandi que coincidiría, por ejemplo, con el utilizado en el plagio de Diego Fernández de Cevallos. Entre otras cosas, aíslan a sus víctimas y las mantienen bajo cautiverio por largos periodos que van de entre 8 meses y dos años. Las cifras que cobran por dejar en libertad a las personas secuestradas son de decenas de millones de dólares.

Escobar Poblete, el único eslabón de esa cadena que ha logrado ser detenido estaría por ser extraditado a Chile por el asesinato del legislador al que habría matado.

“Me detuvieron vestidos de policías. Pensé que querían arrestar a alguien y tenían a la persona equivocada. A partir de ese momento no volví a escuchar una voz ni hablar con nadie los siguientes nueve meses. Fueron nueve meses de no saber si era día o noche. Después de cinco meses, había días que prefería que me mataran”, me cuenta una de sus víctimas. La última, de hecho, en ser liberada.

El gobierno hereda una terrible deuda con las víctimas de este país. Son cientos los casos no resueltos que deben de perseguirse por oficio. Lo hecho hasta ahora no ha resuelto el drama de la violencia y el crimen. Necesitamos una visión distinta, entender que antes que cualquier cosa, es urgente arreglar nuestro sistema de justicia penal.

Como ciudadanos, necesitamos confiar en las autoridades. Y a las autoridades dotarlas de las herramientas para protegernos. Dignificar a la policía no solo es urgencia sino necesidad de seguridad nacional. Mejorar los filtros de control y confianza, y limpiar el sistema de todos aquellos que no se rigen estrictamente conforme la ley, es condición necesaria. Las víctimas de este país reclaman justicia. La merecen. La merecemos todos.

Presidenta de Reinserta