Es entendible el derecho de huelga previsto como una garantía de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. En el caso concreto de la Universidad Autónoma de Querétaro, el emplazamiento realizado por el sindicato de trabajadores administrativos en ejercicio de su derecho de huelga, en ningún supuesto legal puede autorizarle el cierre de las instalaciones de la universidad con la correspondiente afectación a los derechos de los académicos y de los estudiantes. Nos encontramos ante una modalidad del secuestro de instalaciones de propiedad pública, ante la complacencia culpable de los representantes legales de la universidad y de las propias autoridades del trabajo en la entidad: un despojo de la propiedad pública.
Invocar la presunta validez de un contrato colectivo de trabajo no puede ser pretexto para la afectación de los derechos de terceros —estudiantes y maestros— porque sería asumir que la contratación colectiva es también vinculante para los estudiantes que nada han firmado con los trabajadores y con las autoridades universitarias. Además, no puede haber un contrato colectivo por encima de la Constitución y que, por legítimas que sean las pretensiones de los trabajadores llamados “administrativos”, en nada justifican ni pueden ser fuente de derecho para secuestrar e impedir el funcionamiento de una universidad. El despojo no crea derecho.
No se niega el derecho de huelga, tampoco la estrategia seguida por el sindicato y sus trabajadores de reivindicar prestaciones a las que materialmente puedan o no tener derecho. No se niega la libertad de expresión de izar banderas del color que se desee. No se puede cuestionar a priori la licitud de la huelga, ni se trata de exculpar al patrón inmediato, que vendría a ser la Rectoría y los representantes legales de la universidad. Pero lo que sí es cuestionable es que se impida el libre tránsito y entrada a estudiantes y maestros que deseen tomar clases. Estamos ante un verdadero abuso del derecho y lo sorprendente es que las autoridades universitarias, en concreto quienes tienen la representación legal de la universidad, asuman pasivamente una situación de violación de los derechos en perjuicio de los estudiantes. Es un grave error también de las autoridades laborales no dictar medidas cautelares, aunque no las soliciten los afectados, para remediar los efectos de una huelga que agravia principalmente a los miles de estudiantes que ven interrumpidas sus actividades académicas y que son los grandes perdedores del conflicto que se vive.
No encuentro fundamento para el secuestro de la universidad, ya que en términos formales y reales, los trabajadores inconformes podían suspender sus actividades, pero no dejar sin clases, o inclusive, sin el derecho a transitar por las instalaciones físicas de la universidad a los demás. No es un asunto menor. Se atenta contra una función estatal prevista en la Constitución y que a todas luces dicha función debería ser salvaguardada por todas las partes involucradas en el conflicto. Ninguna persona puede decir que lo que hacen es en cumplimiento de sus responsabilidades legales y constitucionales. Ninguna ley ni tratado —y en el derecho laboral existen más de cien tratados y convenciones— legitima una libertad sindical por encima de los derechos educativos de los estudiantes. Tampoco las autoridades extrauniversitarias, en lo inmediato las que conocen del conflicto en la vía contenciosa, pueden amparar la conducta omisiva que violenta los derechos estudiantiles.
Se trata de que las partes resuelvan a la brevedad el conflicto sin que haya una abdicación de nadie. Que se reconozca que si por algo se emplazó a huelga es porque existen desacuerdos reales entre las partes. Incluso hoy las restricciones presupuestales también restringen los márgenes de acción de las autoridades. Si en algo deberían coincidir las partes contendientes es en que urge que los alumnos regresen a clases y que se reincorporen los maestros a sus actividades docentes, de investigación y difusión del conocimiento.
Interpretar la huelga como un derecho de veto de pequeños grupos, para desgastar o quebrar los principios de autoridad no tiene ningún sentido, como tampoco lo tiene que las autoridades apuesten al desgaste y deslegitimación de la clase trabajadora universitaria. De persistir esta actitud nadie será ganador en el conflicto y al final de cuentas, la sociedad de Querétaro verá cuál es el verdadero choque que subyace: la lucha por el poder.
Los trabajadores universitarios tienen derecho al despliegue de la lucha por el poder, pero no a costa del sacrificio de los bienes esenciales en propiedad de los queretanos. En este caso, la universidad es de propiedad pública, no de los sindicatos ni de la Rectoría. No es de los grupos de presión o de interés, pertenece al público que la sostiene con sus impuestos. Que busquen los actores la arena electoral adecuada para la lucha por el poder, pero que no usen a las instituciones que deben servir a la juventud para la construcción de su futuro.
Abogado
