Las heridas del sismo del pasado 19 de septiembre no cierran. Miles de personas perdieron su patrimonio y la gran mayoría todavía espera en su favor, sin certezas de ningún tipo, la reacción de las autoridades de la Ciudad de México. Los sismos no dejan de registrarse en la capital, del mismo modo que hasta ahora no son claras las consecuencias de lo ocurrido a cinco meses de distancia.

A pesar de ello, en los últimos días han quedado en evidencia las prioridades de quienes controlan buena parte de la política local, contrarias al interés público. Tres diputados de la Asamblea Legislativa se adjudicaron la facultad legal de autorizar, supervisar y vigilar el ejercicio de 8 mil 772 millones de pesos, recursos del erario destinados a la reconstrucción de la Ciudad de México. Nada de esta bolsa se gasta si ellos no lo validan conjuntamente.

Los diputados locales Jorge Romero Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), así como Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han argumentado que se trata de “declaraciones difamatorias y dolosas”, sin embargo mantienen su negativa a transparentar el uso de los recursos de la reconstrucción. Mantienen el control del dinero de la reconstrucción sin aceptar que alguien fiscalice cómo lo ejercen.

Este hecho provocó la renuncia del responsable y los integrantes la Comisión de Reconstrucción, constituida por el Gobierno de la Ciudad de México, quienes argumentaron que, además de los impedimentos para transparentar el uso de los recursos, los diputados habían diseñado un plan presupuestario que no tenía relación con el trabajo realizado por la propia Comisión.

La agenda del año en la Ciudad de México es principalmente electoral. Jorge Romero, Leonel Luna y Mauricio Toledo son políticos que ejercen gran influencia en las estructuras de sus partidos en la capital, por lo que existen motivos suficientes para exigirles la debida transparencia en el ejercicio de los recursos. De ellos depende que el dinero no se desvíe hacia fines electorales y, en su calidad de legisladores, deben aceptar que organismos ciudadanos les vigilen en el ejercicio de estos recursos.

A pesar de las serias resistencias que mostraron para satisfacer al interés público, para rendir cuentas y ofrecer transparencia a la ciudadanía, por lo menos dos de estos legisladores serán diputados federales por la vía plurinominal. No sólo dejan en el aire la sospecha del uso indebido del dinero de la reconstrucción, sino que obtendrán inmunidad ante cualquier eventual proceso legal que pueda surgir contra ellos por su opacidad manifiesta.

En la capital hay familias que por los terremotos lo perdieron todo. Capturar y desviar el dinero que está destinado a la recuperación de parte de sus vidas simplemente es inaceptable.