¿Cuál debe ser el papel del Estado en la actualidad? En México, el rol del Estado comenzó a cambiar a partir de la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) y el cambio se acentuó y profundizó en las administraciones subsecuentes. La razón de este cambio fue múltiple. Por un lado, era una respuesta y un intento de salida frente a los excesos del pasado. Los enormes déficits públicos de las administraciones de Echeverría y López Portillo causados por la desordenada intervención del Estado en la economía, así como en general un mal manejo de la política económica, condujeron a la crisis de la deuda externa y a una gran inestabilidad macroeconómica interna con ciclos recurrentes de inflación, devaluación y crisis. Así, se volvió necesario e inevitable un ajuste de la política económica y se optó por una rápida y unilateral apertura económica, así como por un amplio proceso de privatización y desregulación económica.
Sin embargo, más allá de los factores internos que dieron lugar a estas medidas, a nivel internacional también existía un amplio apoyo a este tipo de políticas. El ascenso al poder de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en el Reino Unido a principios de los años ochenta dio lugar a una corriente revisionista sobre el papel del Estado en las economías desarrolladas. La pérdida de dinamismo de esas economías y su aparente rezago relativo frente a otros países emergentes, les dio a estos dos líderes la justificación necesaria para promover de manera simultánea una economía más desregulada y con un Estado más pequeño. Esta visión continuó, se fortaleció y se expandió a lo largo de los años ochenta por buena parte del mundo occidental. El mejor ejemplo de ello fue el ascenso triunfante del decálogo de políticas conocido como “El consenso de Washington”. Este decálogo, que fue impulsado por los organismos multilaterales internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, promovía de manera explícita la privatización y la desregulación económica, lo que también contribuyó a promover un rol cada vez menor para el Estado en las economías emergentes, especialmente las latinoamericanas.
Así, la complicada situación económica interna se combinó con un entorno ideológico mundial que también veía con buenos ojos el retraimiento del Estado y su achicamiento paulatino. Esto fue justamente lo que ocurrió en México a partir de los años ochenta y que se profundizó con casi todas las reformas posteriores. Este enfoque, sin embargo, ha empezado a ser cuestionado incluso por algunos de las instituciones proponentes originales. En una conferencia reciente en la Ciudad de México, Gabriela Ramos, directora general de la OCDE, declaró: “Nos dimos cuenta que todo lo que había informado el modelo económico de la mayoría de los países de la OCDE se basaba en fundamentos que simplemente no se dan en la realidad: esta idea de que creces primero y distribuyes después. O creces y luego te preocupas por el medio ambiente. O que el Estado sólo debe corregir las fallas del mercado y que no tiene ningún papel para el desarrollo económico. Fueron refutados con los resultados de la crisis misma”.
Así pues, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Debemos regresar al tipo de Estado (grande e interventor) que teníamos en los años setenta? ¿O debemos mantener un Estado pequeño, relativamente débil, que se circunscriba a tratar de garantizar un mínimo nivel intervencionista en la economía? En realidad, quizá no deberíamos tener ninguno de estos dos tipos de Estado. Es evidente que los movimientos pendulares que nos llevaron de un punto al otro han errado en una u otra dirección. Debemos tener, eso sí, un Estado rector. Un Estado que defina prioridades y que haga lo necesario para que éstas se alcancen. Esto incluye, por supuesto, tratar de promover la concurrencia del sector privado en la búsqueda de dichos objetivos. Para ello, aspectos como la inversión pública, sobre todo en materia de infraestructura, es fundamental. En cualquier caso, el mensaje que nos sugiere la propia OCDE es claro: en temas como el combate a la pobreza y la desigualdad, la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico, la participación del Estado es fundamental. Es hora de comenzar a replantearnos seriamente el papel del Estado.
