El reto de denunciar un delito sexual

El problema de denunciar un delito sexual es la falta de cultura, vocación y capacitación de los operadores
08/11/2017
04:08
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Hace apenas unos días en este diario se publicó una noticia que me estremeció intitulada  “Niñas graban su violación para denunciar a su agresor en Uruguay”;   se trata de  una niña de diez años que fue víctima de una agresión sexual  de forma reiterada durante  un año, hasta que la propia hija del delincuente y amiga de la menor fue testigo de dicho evento; decidieron filmar la siguiente ocasión para evitar que nadie les creyera y poder denunciarlo

En este caso  el video fue la prueba que permitió llevar a prisión al acusado.  Este hecho  nos hace reflexionar  lo difícil que es para las mujeres víctimas de delitos sexuales no solo denunciar  sino principalmente demostrar o acreditar su dicho. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida,  pues  por la naturaleza del ilícito, no es posible allegarse de numerosos datos, dado que generalmente son cometidos a escondidas y sin presencia de testigos.  En el mismo sentido resolvió la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  caso  Fernández Ortega y Otros vs. México,  en  donde  se precisa que  resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

La audacia  de la niña abusada  permitió  que  la Fiscalía del Departamento de Artigas, Uruguay,  procediera penalmente contra el autor del delito, pero  el camino para sancionar estas conductas prácticamente en todo el mundo es el mismo, se inicia la persecución con la denuncia.

El  desafío que enfrentamos es que las víctimas no denuncian porque tienen que someterse a la humillación, falta de atención o indolencia de la autoridad que se encarga de perseguir estos delitos, muchas afectadas no confían en las instituciones de procuración de justicia porque no garantizan el castigo al delincuente y mucho menos la reparación del daño.

Entre los esfuerzos  institucionales para combatir los argumentos  estereotipados e indiferentes  sobre la mujer que denuncia, debe  reconocerse   la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  el  Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” en la que se reconoce que la violencia que viven muchas mujeres de América sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición es una situación generalizada.

El marco legal en México es fuerte e idóneo para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. El problema es la falta de cultura, vocación y capacitación de los operadores. Es un hecho que muchos agresores hostigan, intimidan, amenazan, dañan o ponen en peligro la vida de la mujer que teme por su integridad e incluso su propiedad o valores económicos; de ahí que el reto es mayor, ganar la confianza de las víctimas para que denuncien, protegerlas durante la investigación, procesamiento de los responsables y sobre todo que las pruebas sean suficientes; claro que es posible sancionar a los delincuentes, se ha hecho en muchos casos, los delitos sexuales tienen penas graves, solo falta aplicarlas eficientemente.

Tenemos que fortalecer el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; debemos modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que legitiman o promueven la violencia en contra de ellas, ya que desafortunadamente todavía hay “algunos” prototipos del “macho mexicano”.

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