Alfonso Durazo tiene mala suerte. El día mismo y a la hora misma en que estaba presentando un informe con los presuntos avances de la estrategia de seguridad del gobierno federal, la realidad le mandó un atronador desmentido: 14 policías estatales de Michoacán fueron masacrados en una emboscada, tendida presuntamente por un comando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Aguililla.
Pero aún en ausencia de ese terrible hecho, el reporte no hubiera tenido mayor impacto. Por una razón simple: no hay mucho qué presumir. Van algunos comentarios sobre los datos presentados:
1. La percepción de inseguridad, medida por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), se mantuvo básicamente sin cambios (y en niveles muy elevados) con respecto a 2018.
2. La información sobre montos bloqueados en cuentas bancarias por presunta asociación con la delincuencia organizada no está contextualizada. No hay un solo dato de otro año que permita dimensionar las cifras. Pero, además, se trata solo de recursos bloqueados, no decomisados. Esas cuentas se pueden descongelar, ya sea por vía judicial o administrativa.
3. Las cifras de homicidio presentadas en el informe muestran en efecto una desaceleración del crecimiento en el número de víctimas. Pero el punto de fondo es que la tendencia sigue siendo ascendente. Además, según la propia gráfica incluida en el informe, la desaceleración viene desde 2017 y fue más pronunciada en 2018 que en 2019.
4. Es cierto que los homicidios se concentran en unos cuantos estados y municipios. Pero eso no es novedad ni consuelo. De acuerdo a un reporte reciente del INEGI, 50% de los homicidios cometidos entre 1990 y 2017 ocurrieron en 5% de los municipios del país. Nada nuevo bajo el sol. Por eso es más útil presentar la información en términos de tasas por 100 mil habitantes (algo que no se hizo en el informe)
5. El asunto del índice de letalidad amerita una columna completa, pero por ahora se pueden decir dos cosas: a) es positivo que finalmente las fuerzas armadas den a conocer el número de personas muertas en enfrentamientos con cuerpos federales de seguridad (no lo habían hecho desde 2014), y b) es menos positivo que se saquen de la manga una metodología para calcular el índice de letalidad (restando el número de heridos y detenidos al número de muertos, en vez de dividir el número de muertos entre el número de heridos).
6. Con respecto a la Guardia Nacional (GN), seguimos en el terreno de la simulación. Se afirma que su estado de fuerza aumentó 20% desde agosto, pero todo el crecimiento es resultado de la readscripción de policías federales a la GN. Es decir, en términos netos, sigue habiendo el mismo personal desplegado que hace dos meses. Y todavía con una lógica geográfica extraña: medido por número de elementos de la GN por mil habitantes, Campeche tiene dos veces más despliegue que Baja California. Otro ejemplo: Querétaro tiene 50% más presencia relativa que Guanajuato.
Ahora, todo lo anterior se vuelve irrelevante luego de lo sucedido en Aguililla. Allí hay un ejemplo contundente de que los grupos criminales pueden retar frontalmente al Estado con total impunidad. Lo más aterrador del incidente es la respuesta del gobierno federal. O más bien, la ausencia de respuesta. En voz de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esto fue apenas “una circunstancia que se da como se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas”. Es decir, algo normal, no un hecho excepcional que amerita el despliegue de recursos extraordinarios.
Si esa es la posición del gobierno, que Dios nos agarre confesados.
