Dos actuaciones recientes del gobierno federal, de muy diversa índole por cierto, han provocado numerosos “si, pero…” o lo que comúnmente se denomina: buscar “el prietito en el arroz”.

El pasado 19 de febrero, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y Barack Obama de Estados Unidos, junto con el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, celebraron en Toluca la VII Cumbre de Líderes de América del Norte. Los acuerdos alcanzados giraron en torno a cuatro ejes principales: prosperidad compartida e incluyente, nuevas áreas de oportunidad, seguridad ciudadana y temas regionales, y el compromiso de dar seguimiento y concreción a los acuerdos.

No fue poco lo que se leyó en los medios acerca de si se trataba de una mera reunión más o si se habría logrado algún avance. En todo caso, abundaron los comentarios que buscaron empañar los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto por construir las bases de una comunidad norteamericana a partir de datos duros, entre los que destaca el hecho de que en los 20 años de vida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el intercambio comercial entre los tres países haya experimentado un crecimiento de 350%, generando la posibilidad de que la región se convierta en la más competitiva del planeta.

El 22 de febrero, nos enteramos de que Joaquín Guzmán Loaera, alias El Chapo, había sido reaprehendido y, como en el caso anterior, los medios se llenaron de esta noticia. Si bien el tono general ha sido de beneplácito frente al gobierno de Peña Nieto, pese a las protestas en algunas ciudades de Sinaloa y los malos agüeros de que la captura de este criminal pudiera dar lugar a más violencia entre los cárteles, no han faltado quienes lo atribuyan a la suerte o a la “ayuda” estadounidense, ni cuestionamientos acerca de si se trata realmente de dicho prófugo y, sobretodo, de qué hacer con él. Igualmente se ha especulado mucho acerca de cuáles serán las implicaciones de su permanencia en una cárcel mexicana y las de su eventual extradición.

En la balanza pesa, de un lado la información que del narcotráfico pueda proporcionar El Chapo a las autoridades mexicanas, así como el valor de sus activos. Del otro, la posibilidad de que el criminal pase el resto de sus días en una prisión estadounidense sin los riesgos de todo tipo que ya le permitieron escaparse en una ocasión, y con el costo para México de un acceso limitado a información y recursos.

Si bien en nuestro país compete a la autoridad que imparte justicia determinar los componentes jurídicos de la extradición, el acto mismo debe ser firmado por el titular de la Cancillería, depositaria de los tratados internacionales signados por México.

Estamos pues ante una cuestión compleja, en cuya discusión participa un número importante de actores, lo que demanda proceder con decisión pero al mismo tiempo con cautela.

Embajadora emérita de México

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