El presupuesto es uno de los principales instrumentos de la política, cuánto gasta el gobierno y en qué. Ni siquiera un presupuesto familiar puede dar a cada miembro de su familia su propio gusto, mucho menos uno de gobierno, ya que se rige bajo el principio de la cobija, que al tapar de un lado, descobijamos otro.

Es lógico que los presupuestos gubernamentales expresen mayoritariamente el pensamiento de los gobernantes, sus proyectos y políticas públicas pririotarias y no las de la oposición, salvo que esta tenga los votos para decir hacia donde irá el gasto. Sorprendería más ver que se privilegien los programas preferidos de los opositores, lo cual no sucede ni en México ni en ningún país del mundo.

Si algunos ilusamente esperaban ver reflejadas sus ideas, buenas o no, en el documento final del presupuesto 2020, se quedaron sentados esperando. No sólo diputados y líderes de oposición al gobierno federal y a Morena, conformaban este bloque que quiso enderezarle la plana al presidente, sino también otras organizaciones, principalmente del sector campesino que estuvieron en plantón permanente en San Lázaro. Al final imperó la propuesta del ejecutivo.

Los que se quedaron con ganas de ver cambios, fueron algunos alcaldes, quienes entre intento de portazos, reuniones en la Secretaría de Gobernación y de nuevo presencia afuera de la Cámara de Diputados, tampoco fueron capaces de hacer sus propios compromisos, de cuidar más su gasto en su propia casa, comprometerse con políticas de austeridad, bajar gasto corriente y prescindir de lujos comunes en esos órdenes de gobierno. Curioso sin duda fue ver que los vecinos de protesta de los presidentes municipales, eran grupos como Antorcha Campesina, que son su coco en lo local y a quienes regularmente repudían y también les niegan los apoyos.

Por su parte los voceros de organizaciones campesinas acabaron dándole implicitamente la razón al presidente López Obrador. En diversas entrevistas dadas una vez que se aprobó el presupuesto, reclamaron que no podrían llevar obras importantes a los más pobres en diversos estados de la República, así como que varios diputados no podrían cumplir con sus compromisos de campaña, siendo estos la ejecución también de diversas obras públicas. Con ello se confirmaba precisamente que se llevan a cabo estas prácticas que AMLO quiere acabar, la intermediación que puede a veces no ser desinteresada y la intervención de los diputados en la “bajada” de recursos que terminaban en moches.

La práctica de los moches fue real, no una calumnia entre políticos. Ha tenido en varios legisladores exponentes destacados que, vía esa práctica, hicieron fortunas muy por encima de sus ingresos legales. A un número importante de diputados se les daban recursos para llevarlos a sus estados o municipios, a veces incluso fuera de ellos, exigiendo les dejaran asignar las obras a sus contratistas favoritos, quienes a cambio otorgarían el diezmo o un poquito más, además de que se les pedía a los presidentes municipales espacios en la nómina para allegados y familiares. Sin duda una práctica que refleja la corrupción en su máxima expresión.

Por supuesto hay temas que no tocan a los políticos sino a la estructura democrática del país. Ahí particularmente podríamos encontrar el riesgo que significa bajar presupuesto al INE, pero no se puede dejar de reconocer lo interesante de la propuesta presidencial de decirles dónde esta ese dinero que podría hacer falta en los partidos, quienes al día de hoy no han cedido a la iniciativa de reducir sus ingresos públicos a la mitad. Sin duda ese recurso estaría mejor en manos del árbitro, además que la sociedad no quiere tantos recursos en manos de los partidos políticos.

El presupuesto aprobado es expresión de la visión del gobierno, lo lógico, lo que debía esperarse, nada para asustarse ni escandalizar, el Tren Maya, Istmo, Santa Lucía, bienestar, educación, Sembrando Vida y otros, los ganadores. Se jaló de un lado y se descobijó de otro.

Abogado con maestría en Políticas Públicas. @maximilianogp