El periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso de la Unión y que será el último en la actual legislatura de la Cámara de Diputados, será definitivo y decisorio para el futuro de la llamada “Cuarta Transformación”. Ante la incertidumbre de si Morena podrá ratificar su mayoría legislativa en las próximas elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado a sus fracciones, tanto de diputados como de senadores a sacar, en los próximos tres meses, un paquete de iniciativas y reformas constitucionales y legales que representan, en la visión presidencial, el terminar de “sentar las bases” del proyecto político de este gobierno, a través de cambios a la Constitución y a las leyes secundarias que van desde el tema energético, hasta la llamada “austeridad republicana” o la consolidación de la nueva Fiscalía General de la República.
Podría decirse que López Obrador se juega su resto y manda a las bancadas oficialistas a echar toda la carne al asador para que le garanticen la aprobación de cambios legales y constitucionales que, en algunos casos considera parte de su “transformación” --que quiere dejar bien cimentada en la legislación y en la Carta Magna para que no pueda ser desmantelada tan fácil por futuros gobiernos de otro signo político-- y en otros, simplemente, son caprichos y obsesiones presidenciales con las que intenta dejar en claro quién manda, como la reforma constitucional que ya preparan para obligar ya no sólo al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales y municipales, además de los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, junto con todos los órganos autónomos, a que ningún servidor público o funcionario de esas instancias e instituciones, puedan ganar más que el sueldo que gana el presidente de la República, hoy tasado en 108 mil pesos mensuales.
Hay otros temas que obedecen más a la ideología sexenal que a las necesidades reales del país, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente metió como iniciativa “preferente” para modificar el actual sistema de compra de la energía eléctrica por parte del Suministrador de Servicios Básicos, al que ahora ya no se obligará a obtener la energía a través de subastas, sino a través de Contratos de Cobertura Eléctrica que le darán prioridad en la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y a sus centrales eléctricas, relegando a los generadores privados y a los Contratos de Energías Limpias (CEL) que quedarán en los últimos lugares de despacho, a pesar de tener precios más bajos de energía y a que no contaminan en sus procesos de generación de energías renovables, como sí lo hacen las plantas de la CFE que siguen utilizando en muchos casos combustibles fósiles.
Esta iniciativa preferente, que no tendrá problemas para aprobarse en la Cámara de Diputados, con la mayoría absoluta de Morena, pero que sí requerirá de los votos de algunos senadores de la oposición, materializa lo que no ha podido lograr el torpedeado e impugnado judicialmente Decreto para la Confiabilidad Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, también conocido como el decreto “Nahle” por el apellido de la secretaria de Energía, y representa la confirmación de la nueva política energética que antepone los intereses de las empresas del Estado a las inversiones privadas en la generación de energías renovables, algo que no sólo desincentiva las inversiones en nuevas centrales eléctricas, sino que ocasionará pérdidas a las centrales privadas que ya están operando. Porque al cambiar el otorgamiento del CEL, también elimina el objetivo primordial de esa figura: apoyar la generación de energías limpias y sustituir, paulatinamente, el uso de combustibles fósiles en el país.
Ese contenido de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, junto con la parte que ordena revocar los permisos de autoabastecimiento y la revisión de los contratos de producción independiente de energía, podrían entrar en conflicto jurídico con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero también, de aprobarse la iniciativa preferente, podría generar controversias y denuncias de inversionistas extranjeros en el marco del TMEC, por posibles acusaciones de discriminación indebida a las empresas privadas. Eso, sin contar el efecto que la nueva legislación podría tener en la relación con Estados Unidos, no sólo por la protección de intereses de las empresas de energía de aquel país que ya han denunciado el favoritismo y las prácticas de proteccionismo para las empresas estatales de energía, sino porque la política energética que ya definió el presidente Joe Biden en sus primeras órdenes ejecutivas va en sentido totalmente contrario a la política energética de la 4T, por lo que inevitable habrá, tarde o temprano, un choque en esos temas.
Por lo demás, las bancadas de Morena, sobre todo la del Senado, ya trabaja junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en otra de las instrucciones (o caprichos dirían otros) del presidente López Obrador: regular y normar a las empresas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Youtube y otras, para que sus dueños y directivos no tengan la última palabra en la suspensión y eliminación de cuentas de sus usuarios por infringir sus propias reglas. “No se trata de censurar a nadie, sino al contrario de garantizar que ninguna red social, sus dueños, puedan censurar las opiniones de nadie ni puedan acallarlo cerrándole las cuentas”, nos dijo ayer Ricardo Monreal, líder del Senado, quien nos adelantó como primicia en radio, que la iniciativa que ya preparan contempla la creación de un organismo del Estado mexicano que pueda atender quejas y peticiones de apoyo de los usuarios de redes sociales cuando les sean suspendidas o cerradas sus cuentas, para que sea el gobierno mexicano y no los dueños y directivos de las redes sociales, los que definan si se justifica o no la cancelación al usuario, protegiendo siempre el derecho constitucional en México a la libertad de expresión.
A esas iniciativas se suman muchas más, casi 50 en total, entre las que se incluye la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que ya levanta cejas en el gabinete porque la ven como un intento del fiscal Alejandro Gertz Manero por acrecentar sus atribuciones más no sus obligaciones; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que golpeará especialmente a los partidos de oposición, la elevación a rango constitucional de varios de los programas sociales y ayudas económicas de la 4T, hasta varios tratados internacionales y convenios transfronterizos. Lo dicho, el presidente va por todo y tiene prisa por aterrizar en tres meses todo lo que se pueda por si el voto de las urnas no le vuelve a otorgar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. No es miedo, dirían, es pura precaución.
NOTAS INDISCRETAS…
De las primeras cosas que se someterán a votación en el Congreso están los nombramientos pendientes. Por ejemplo, el de Esteban Moctezuma en el Senado, como nuevo embajador de México en Washington, que es lo último que espera el titular de la SEP para renunciar y tomar un vuelo a Washington en los próximos días. También está el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, después de la escandalosa renuncia de Mara Gómez, tras denunciar que la CEAV no tenía “ni para comprar lápices” menos para indemnizar a los cientos de miles de víctimas del delito y la violencia en este país; también designarán a los magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a dos comisionadas del Órgano de Gobierno del IFT, y el nombramiento de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano… El caso de la joven doctora Mariana, pasante de medicina que fue asesinada en una comunidad de Ocosingo, en Los Altos de Chiapas, ha despertado la indignación de la comunidad médica nacional que, a través de un desplegado firmado por las 25 asociaciones médicas más importantes de México, le exigieron al presidente López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, no sólo que haya justicia y se castigue a los asesinos de la joven profesionista de 24 años, sino que cesen el sistema de rotación de pasantes de medicina en el país, que pone en riesgo la vida y la integridad de los médicos jóvenes a los que, como Mariana, no se les dan las garantías ni de trabajo con insumos y medicinas en comunidades apartadas, ni tampoco la seguridad y protección necesaria a su integridad. Este caso podría tener de fondo mucho más de lo que hasta ahora se conoce, pues al hecho de que Mariana presentó denuncias por acoso sexual que nunca fueron atendidas, se suma el hecho de que su muerte ocurrió en una comunidad de dominio total del EZLN por lo que el gobierno tendrá que esclarecer el hecho y castigar a los agresores, aún si los asesinos de la doctora fueron zapatistas… Los dados mandan Escalera. Subimos.
