Frente a los airados reclamos del sector empresarial por la posible ‘militarización’ de los puertos y marina mercante, de los que le platiqué el martes en este espacio, el gobierno de la 4T pretende recurrir a una ya probada fórmula para desplazar, una vez más, de puestos estratégicos a los mandos civiles: el uso de militares o marinos en retiro.
Bajo este esquema no sería necesario un nuevo desgaste de la bancada de Morena para modificar los marcos jurídicos en el Congreso de la Unión, y mucho menos colocar la ya sacudida imagen de las fuerzas armadas en manos de un coordinador de diputados, Mario Delgado, que ha demostrado tener problemas para controlar a los legisladores de su propia coalición.
La selección de personal retirado del Ejército o la Marina, para ejercer actividades propias de los civiles, tiene como ejemplo más evidente el caso de Luis Rodríguez Bucio, quien debió cambiar su estatus de militar en activo para convertirse en el primer comandante de la Guardia Nacional.
Esta fórmula fue precisamente la que destrabó el conflicto con las bancadas y gobernadores de oposición, pues los mandatarios estatales condicionaron la aprobación del nuevo cuerpo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador a que se mantuviera en todo momento bajo un mando civil.
También las aduanas mexicanas tienen ya presencia de militares en puestos administrativos, como es el caso del Almirante en retiro Juan Ramón Alcalá Pignol, un exintegrante del Estado Mayor de la Secretaría de Marina que hoy opera como Administrador Central de Operación Aduanera.
En términos de jerarquía, hablamos nada más y nada menos que del segundo escalón dentro de la Administración General de Aduanas —tan sólo por debajo de Ricardo Ahued—, responsable principalmente de vigilar el cumplimiento de los procedimientos aduanales y detectar las irregularidades en su aplicación.
Existe incluso un análisis elaborado por la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval, en el que se recomienda al Servicio de Administración Tributaria reclutar a personal militar en situación de retiro; esto para controlar, por lo menos, 50% de las aduanas del país.
El objetivo, expone el documento, es erradicar el problema de corrupción que “favorece las actividades de la delincuencia organizada, como son: el tráfico de armas, drogas, precursores químicos, numerario y mercancía en general”.
Específicamente se propone que estos militares sean designados en posiciones como administradores, subadministradores, jefes de planta y de verificación, luego de un periodo de capacitación de este personal en el SAT que se calcula será de seis meses.
Para los interesados en estos cargos se pide haber observado un buen desempeño durante su carrera en la milicia, además de haber cursado estudios afines a la licenciatura en Aduanas, licenciatura en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Administración, Contaduría, Finanzas y Derecho.
El requisito más importante es, por supuesto, abandonar el estatus de militar en activo, de lo contrario podría existir un serio desgaste ante la opinión pública, básicamente “por la militarización de otras áreas de la Administración Pública Federal”, dice a la letra la redacción.
Se sabe que, entre las aduanas que deberán ser administradas por mandos militares, aunque sea en estatus de retiro, se encuentran precisamente las de los puertos de Lázaro Cárdenas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz; prácticamente las mismas hacia donde se dirigían las inversiones que reclama la iniciativa privada.
No obstante, tales terminales se consideran como posiciones estratégicas en la lucha contra el crimen organizado, argumento que otorgaría carácter de indispensable al proceso de militarización, aunque al parecer disfrazado, de las actividades de comercio marítimo.
Los empresarios del sector ya pusieron el grito en el cielo y aseguran que de llevarse a cabo la ‘militarización’ de los puertos y la marina mercante, las inversiones por 73 mil millones de pesos propuestas en el Acuerdo Nacional de Infraestructura no se llevará a cabo
Ayer, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor López Gutiérrez, dijo que las Administraciones Portuarias Integrales habrán de transformarse en empresas de nuevos negocios.
En la SCT, de Javier Jiménez Espriú, no ven con buenos ojos esta iniciativa, pero el Presidente está desesperado por reducir el poder financiero y de fuego de las organizaciones criminales, sobre todo a la luz de las recientes declaraciones de Donald Trump en torno a considerar a los carteles de la droga mexicanos como terroristas.
Cónclave casinero
Esta semana, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), al mando de Miguel Ángel Ochoa, congregó en la CDMX a la crema y nata del sector de Juegos y Sorteos de México y el mundo, en la 2ª Convención Nacional de la Industria del Juego, sector que en el país representa 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos, además de una derrama económica estimada en 3 mil 500 millones de pesos.
Asistieron autoridades como la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luis Calvo Reyes, además de directivos de firmas de la talla de PRINGSA, CIRSA, El Palacio de los Números, Espectáculos Deportivos de Occidente, Play City, Codere, y Juegos y Sorteos de Jalisco, entre otros. Los temas principales fueron inteligencia artificial, ciberseguridad, aspectos fiscales, innovación, tecnología y turismo en el sector.
