Las resoluciones tomadas por ministros, magistrados y jueces del poder judicial en las últimas semanas en México prenden un foco rojo sobre su actuación.
Al mismo tiempo que Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de Felipe Calderón y ejecutor de la supuesta “Guerra contra el narcotráfico”, es declarado culpable de narcotráfico en EU, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en México confirma un amparo que permite a Luis Cárdenas Palomino, excolaborador de García Luna y preso en el penal del Altiplano, liberar sus cuentas en el sistema financiero mexicano que estaban bloqueadas, según informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Siguiendo el mismo patrón, luego de tres años, el Tribunal mexicano desbloquea las cuentas de la esposa de García Luna. La cereza en el pastel en esta cadena de impunidad fue la absolución de Rosario Robles de las acusaciones por el caso de “La estafa maestra”, mediante la que se llevó a cabo un desvío millonario del erario.
Violeta Vázquez-Rojas afirma que “quienes insisten en que la reputación de México se vio afectada en el juicio de García Luna porque nunca lograremos enjuiciarlo acá, están llegando inadvertidamente al punto: el peor lastre de la justicia mexicana es el Poder judicial. Solo que antes no lo decían”.
Resulta preocupante el conjunto de decisiones tomadas por el Poder judicial en los últimos días. Uno de los tres poderes que configuran la estructura del estado democrático protege intereses de personajes acusados de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Una pregunta surge a bote pronto, ¿cuál es el sentido de realizar elecciones costosas y apostar por un ejercicio procedimental democrático dirigido a impulsar la división de poderes y sus contrapesos, si las decisiones finales las toman 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un Consejo de la Judicatura, que defienden la autonomía de jueces y ministerios públicos, ausentes de fiscalización, abriendo la puerta a resoluciones que no necesariamente tienen sustento en la ley, sino que están basadas en intereses facciosos?
El juicio de Genaro García Luna puso al descubierto que algunos jueces, magistrados y ministros decidieron ignorar su obligación para construir un México justo. La llegada de la ministra presidenta, Norma Piña, para muchos significó romper el “techo de cristal” porque por primera vez una mujer asumía la presidencia de la SCJN.
Sin embargo, los hechos de impunidad ocurridos en las últimas semanas muestran que no necesariamente cuando una mujer ocupa un puesto de alto nivel garantiza el acceso a la justicia. Y no hay que olvidar que la ministra presidenta de la SCJN fue impulsada por Enrique Peña Nieto.
Una última cuestión a destacar. El papel del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, un personaje vinculado a gobiernos pasados y que poco ha hecho por esclarecer la justicia. Un hombre que deja de buscar la verdad para proteger los intereses del “peñato” en los tiempos que corren.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
