Ha pasado más de una década y en Querétaro aún soplan los vientos de la intolerancia y el oprobio del poder en contra de la población de origen indígena y grupos vulnerables. La agresión contra comerciantes indígenas en la plaza de Armas en diciembre pasado y ahora la nueva denuncia de Jacinta Francisco Marcial son prueba de ello.
Hagamos un ejercicio de memoria: Tras un fallido operativo para decomisar mercancía en Santiago Mexquititlán, en el verano del 2006 fueron detenidas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González acusadas de secuestrar y golpear a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Sin cumplir el debido proceso y tampoco respetando sus derechos humanos, fueron condenadas a prisión y a pagar una fuerte multa económica.
La entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos no mostró mayor interés en apoyar a estas mujeres indígenas que injustamente estaban presas, pues Adolfo Ortega Osorio, ombudsman entonces, estaba más preocupado con su programa Antro Consentido —y traer al conductor Yordi Rosado a dar una conferencia— que en defender los derechos humanos de los queretanos.
Incluso, el caso de Teresa, Alberta y Jacinta fue seguido de cerca por Washington. A través de las filtraciones de Wikileaks se dio a conocer el cable diplomático donde la embajada norteamericana informaba a su Secretaría de Estado de lo sucedido en Querétaro.
El documento, signado con el folio 09MEXICO3079_a, reseña las detenciones de las mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. El análisis de la embajada norteamericana consideró este acontecimiento como un “caso emblemático de los prejuicios arraigados en el sistema judicial mexicano en contra de las minorías y grupos vulnerables”.
Con el apoyo del Centro Pro Derecho Humanos y organizaciones sociales, ante la falta de pruebas y lo mal llevado del caso, fueron liberadas, Jacinta en 2009; Teresa y Alberta, un año después.
Este reportero, gracias al apoyo de docentes de la Facultad de Filosofía —Guajardo y Romero, entre otros—, pudo conversar con Teresa y Alberta en prisión, pocos días antes de que fueran liberadas. Su testimonio confirmó que el sistema judicial actúa en contra de las minorías y grupos vulnerables, como sostiene el cable diplomático de EUA.
“Fue un acto de venganza, nos lo dijeron en la misma PGR. Y afirmaron que no iban a permitir que hubiera indígenas o alguien más abajo que se levantara”, dijo Alberta durante esa conversación en la cárcel. Y agregó que incluso las autoridades del Centro de Readaptación Femenil no les permitían hablar en su lengua originaria, el hñähñú. A Jacinta fue a quien la regañaron: “A hablar así, a tu pueblo”. le dijeron las autoridades carcelarias. Al final, el Estado tuvo que disculparse con las agraviadas.
A más de una década de estos hechos, el aparato de justicia sigue actuando con prejuicio y en perjuicio de las comunidades indígenas.
En la víspera de Navidad del año pasado, vendedores indígenas, en su mayoría, fueron agredidos por inspectores municipales. Se denunció el hecho y la Defensoría culpa a los agredidos de no proporcionar suficientes pruebas. Con defensoras así, para que queremos más agresores.
Y la semana pasada, Jacinta Francisco Marcial denunció en una carta pública que Verónica Sánchez Gutiérrez, delegada de Santiago Mexquititlán, la había discriminado y amenazado, a quien, además, responsabiliza por cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia. Nuevamente por un problema de comercio local, salen a relucir las amenazas e injusticias contra los grupos más vulnerables de esta nación. No hemos avanzado nada en más de una década en materia de derechos humanos.
Periodista y sociólogo. @viloja
