El nuevo paradigma de la seguridad

Juan Martín Granados Torres

El concepto de seguridad centrado en el Estado como territorio con gobierno político, proveedor de desarrollo para el bienestar de sus habitantes, es común en América Latina. Tal orientación influye en el artículo 21 de la Constitución Federal de México que la define como función de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, que comprende la prevención de los delitos, investigación y persecución para hacerla efectiva, y la sanción de infracciones administrativas.

Esta versión acuñada desde el siglo XVII, que describe la seguridad como el monopolio de los derechos del ciudadano y del medio más eficaz para protegerlos (la fuerza legítima), ha sido superada por nuevos enfoques que explican los fenómenos complejos, de carácter trasnacional, y agregan riesgos antes no conocidos para la existencia de los seres humanos. Estas amenazas ya no se reducen a la agresión militar de otro país que sustentó la idea de seguridad pública del Estado nacional.

La nueva perspectiva es la seguridad humana, término usado en el Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano de 1994, que engloba las nuevas dimensiones de peligro para la humanidad. La reflexión del organismo mundial fue que 10 años después de la Guerra Fría, de 103 conflictos bélicos en el mundo, 93 fueron dentro de los territorios nacionales y la afectación a la población civil superó 90% de involucrados. La comunidad internacional sabe que la expansión de la inseguridad está latente y que la seguridad regional e internacional se relacionan directamente con la estabilidad y seguridad locales.

En el año 2003, la Comisión de Seguridad Humana, en el informe Human Security, Now, la define como “protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas”. Es decir, la seguridad evoluciona centrándose más en las personas; es integral, de contexto local y preventivo, con participación de los ciudadanos; ello significa que la gente puede ejercer libertad y desarrollo de forma segura, con un Estado que garantiza que esas oportunidades logradas no desaparecerán después.

Además, las amenazas para las personas son muy distintas: riesgos ambientales, delincuencia internacional, narcotráfico, terrorismo, pobreza extrema, desempleo, hambruna, enfermedades, degradación medioambiental, catástrofes, desastres o las variadas formas de violencia que afectan la estabilidad y la cohesión social, y vulneran la seguridad del Estado.

México adoptó, en el discurso, esa tendencia desde el año 2003 al firmar la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la OEA, que reconoce que la nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del hemisferio, incorpora las prioridades de cada estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos como el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

En días recientes, los medios informaron que habrá modificaciones a la ley que regula la estructura de la administración pública federal para que la actual Secretaría de Seguridad integre sus funciones a la Secretaría de Gobernación. Cierto o no, la posibilidad de que el enfoque administrativo que se dio a la seguridad se torne en político, abre un espacio de espera por saber si —por fin— la seguridad se va a centrar en el ser humano, o será solamente una herramienta de control político.

Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la UAQ. Ex procurador de Justicia

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