El nuevo orden republicano

Porfirio Muñoz Ledo

El fenómeno político de hoy nos obliga a legislar con celeridad y pertinencia

La “cuarta trasformación del país” implicará cambios fundamentales. Primero habrán de proponerse las modificaciones para cumplir los compromisos de campaña. Cuando el gobierno se consolide como portador de consensos nacionales, habrá que pensar en una reforma integral de la Carta Magna, que no excluye la convocatoria a un Congreso Constituyente. Ése sería el inicio de la Nueva República anunciada.

Un requisito indispensable es que, en las democracias, el Congreso es creador y reformador del Estado. Sus decisiones deberán estar regidas por la mayoría política y por la negociación con las fuerzas minoritarias. El fenómeno político de hoy nos obliga a legislar con celeridad y pertinencia a efecto de viabilizar el cambio, que no podría ser confinado a decretos ejecutivos.

Es necesario restablecer un diálogo abierto y eficaz entre los Poderes de la Unión. Por razones políticas circunstanciales, se canceló la interlocución pública entre el Legislativo y el Ejecutivo, al punto que intereses serviles autorizaron al Presidente de la República no asistir al Congreso, cancelando el ejercicio de rendición de cuentas.

Es impensable que en EU no asista el Ejecutivo a la apertura del Congreso para pronunciar el Discurso de la Unión, que afirma, al mismo tiempo, su autoridad y la primacía original del poder Legislativo. Incluso en las monarquías constitucionales se exige, generalmente, la presencia del rey o la reina. Por desgracia, en México la transición abortada condujo al desorden político y a la degradación de los actos republicanos. A partir de la interpelación al presidente Miguel de la Madrid de 1988 que liquidó el mito presidencial, se inició un periodo contestatario en el que la oposición parlamentaria debía repudiar el fraude electoral. Entramos, entonces, en un conflicto de legitimidad, ya que las fuerzas políticas agraviadas que representaban la mayoría social dejaron de aceptar las reglas del sistema.

En 1997 logramos una mayoría de oposición en el Congreso y abrogamos la potestad del PRI como partido hegemónico en la representación nacional. Dimos una lección democrática respondiendo al Ejecutivo con dignidad, pero sin ofender su investidura. El desmantelamiento institucional, promovido por los gobiernos irresponsables del PAN, fue simbolizado en 2006. Desde entonces, el mensaje presidencial del primero de septiembre se suprimió para instaurar los monólogos del poder con los actores privados, como una suplantación mediática de los valores históricos.

La coyuntura actual hace posible la restauración de las relaciones de mutuo respeto entre los poderes federales y los órdenes de gobierno. Consideramos esencial que el Presidente asista a la inauguración del período de sesiones del Congreso para la restauración de un régimen democrático y civilizado. La primera de las transformaciones es la del Legislativo. Antes de la toma de posesión, tendremos que discutir y aprobar una nueva ley del Congreso. Los principios de austeridad y transparencia han sido violentados por la partidocracia imperante en las cámaras. El saneamiento de estas instituciones que ahora reflejan y replican la corrupción de la clase gobernante es indispensable.

La conversión moral es relativamente sencilla: el partido que combate programáticamente todo género de corruptelas ha llegado al poder, en el Ejecutivo y en el Congreso. Las tentaciones a los nuevos legisladores son innumerables: presidencias de comisiones que llegan a 102 y que hacen posible remuneraciones y plazas complementarias; las varias instituciones de estudios que permiten la colocación de adeptos, y, sobre todo, la persistencia corruptora de una Junta de Coordinación Política, que es el lavadero oculto de las canonjías. La reforma de la República pasa por la reforma del Congreso.

 

 

 

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