El Leviatán replegado

20/10/2019
11:39
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Inicio con la definición simple que hace García Maynez del concepto soberanía, entendida como “la negación de cualquier poder superior al del Estado, es decir, la ausencia de limitaciones impuestas al mismo por un poder extraño”. De tal modo que, los acontecimientos sucedidos hace unos días en Culiacán, Sinaloa, ponen en entredicho la superioridad del poder público como el único capaz de imponer su voluntad por medio de la violencia legítima.

Es así como este suceso pone fin a la larga luna de miel que había gozado la actual administración federal y lo enfrenta a uno de los mayores retos no sólo de gobernabilidad, sino de seguridad pública. Es importante señalar que, los hechos violentos representan un atentado no sólo contra el gobierno, sino contra todo el poder público, pues el poder dimana del pueblo y es éste quien ha resultado como principal ofendido y afectado en toda su amplia gama de derechos.

Frente a la difícil situación que tuvieron delante de sí los integrantes del gabinete de seguridad, es entendible la racionalidad por la que optaron, frente a la dicotomía: estado de derecho versus bienestar de la población; cual sea que hubiese sido el camino, no se estaría exento de costos —ya no políticos, que en este momento es lo que menos importa— sino sociales, pues lo que está en juego es la vida e integridad de todas las personas que deambulan en territorio mexicano.

De poco o nada sirve a estas alturas del partido hacer señalamientos sobre la eventual eficacia de la estrategia de seguridad pública por medio de la pacificación, puesto que al menos a corto plazo el ejecutivo federal ha declarado que es la vía correcta y sobre la que continuarán los trabajos en dicha materia. Con este estado de cosas, aunado a la polarización sobre cada actuación del gobierno, surge la interrogante de si es debido cerrar filas en torno al mismo.

Desde este espacio, respondemos en sentido afirmativo, pero señalamos que el apoyo al gobierno no puede consistir en complacer ni solapar todo acto que sea violatorio de la Constitución, pues usando la propias palabras del Presidente de la República “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Las futuras decisiones que impliquen la ponderación de bienes públicos, habrán de saber conciliar la tensión que conlleva hacer valer la ley en un contexto democrático, porque de lo contrario los llamados adversarios podrán decirle al Presidente, bienvenido al club de los moralmente derrotados.    

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