Lo acontecido el miércoles en el pleno de la Legislatura del estado, sin lugar a dudas significa un avance en el reconocimiento de derechos para todas las personas a nivel nacional, y de manera muy especial, representa un hito en la historia política de Querétaro, pues con la reforma al código civil que reconfigura lo relativo al matrimonio, concubinato y adopción de parejas del mismo sexo, se vence una resistencia que por siglos había prevalecido en un estado supraconservador, donde los poderes constituidos y fácticos como el partido político gobernante, la iglesia católica, grupos empresariales y asociaciones de la sociedad civil, tienen una ideología contraria a los derechos humanos de las minorías.

El reconocimiento no es para los legisladores, sino para los activistas que durante varios años y de manera más enérgica desde 2019 impulsaron una agenda legislativa en beneficio de grupos sociales que, se encontraban desprotegidos tanto para perfeccionar sus uniones civiles, como para dar certeza jurídica a su patrimonio. El matrimonio igualitario es un logro desbloqueado en la vida pública de nuestra entidad.

Lo que llama la atención y debe ser motivo de vergüenza nacional es la omisión legislativa, deliberada y sistemática de los miembros que han integrado el poder legislativo en Querétaro, pero de forma particular los representantes de los grupos gobernantes en el actual congreso del estado, ya que para que para hacer su trabajo -legislar en representación del pueblo- los agraviados tuvieron que recurrir a la justicia federal para que desde otro poder, obligarán a nuestros diputados a realizar las gestiones necesarias, so pena de incurrir en desacato.

La LIX Legislatura ya tiene ganado su lugar en el basurero de la historia, pues fue un cuerpo colegiado que se estrenó con el impopular aumento a la tarifa del QruBús en el mes de diciembre de 2018, se allanó a los designios del palacio de la Corregidora en cuanto nombramiento inmerecido le fuera instruido, en un despropósito y extralimitación de sus facultades “pretendió llamar a cuentas” al representante federal encargado de la política social, ya encarrerados decidieron retener cuanto más pudieron distintas iniciativas en materia civil, dando celeridad oportuna a aspectos superfluos.

De los 25 integrantes del poder que finaliza el día de mañana, 5 repetirán en su encargo y se sumarán otros 20 que representan grupos, intereses y partidos cuestionados y de dudoso compromiso social. Todo parece indicar que la vía para hacer del derecho un verdadero instrumento de cambio provendrá del poder judicial y de los ciudadanos que tienen causas, ideas y un propósito en la vida política.

Twitter: @carlosfcps / Facebook: Carlos Velázquez

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