El pasado miércoles 25 de junio fue presentado en Querétaro el Informe País, sobre la calidad de la ciudadanía en México. Este proyecto forma parte del objetivo estratégico del anterior IFE y del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) de “Contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía en México” de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática (ENEC), por el periodo 2011-2015, a través del cual se diseña e implementan una serie de proyectos y acciones. La idea es contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática, informada y a la creación de condiciones para el ejercicio integral de los derechos de los mexicanos.

El Informe País, como se le conoce, ofrece información sobre los valores, las percepciones y las prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos en México, así como atender los factores que inciden en la construcción de la ciudadanía.

El resultado es un conjunto de materiales (encuestas, estadísticas, indicadores, metodología, etcétera), que son una mina de oro para la investigación social en México, a decir de la doctora Martha Gloria Morales Garza, investigadora y presentadora del citado estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro.

El proyecto Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, se realizó de manera conjunta con El Colegio de México, la FLACSO, el CIDE, entre otros organismos y tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante, en seis dimensiones analíticas: 1) el Estado de Derecho y acceso a la justicia; 2) la participación política; 3) la sociedad civil y participación no electoral; 4) vida comunitaria; 5) valores democráticos; 6) redes de asociación y organización.

La información se integró a través de una encuesta a once mil ciudadanos, pretendiendo con ello ser representativa a nivel nacional. Este ejercicio de estudio se conformó con un equipo de reconocidos especialistas en el ámbito de la investigación social, quienes fueron los responsable de la elaboración de los fundamentos teóricos, metodológicos y análisis del proyecto.

Los datos y las conclusiones del Informe País buscan ser un referente que aporte a la comprensión de los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía democrática, y llegando incluso a la formulación de acciones y políticas públicas dirigidas a mejorar los derechos ciudadanos, los cuales no llegan incluso a ser percibidos como tales por la población. Ya que el informe parte de la hipótesis de que la ciudadanía en México está pasando por un oscuro devenir en su edificación, que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y particularmente de éstas hacia todo tipo de autoridad. De lo que no resulta extraño que la desconfianza se dirija a las instituciones de procuración de justicia.

Resalta también la desvinculación social, la cual no ve más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas.

La desafortunada, apática y negativa visión ciudadana, es debida al desencanto y frustración con los resultados tenidos con el sistema democrático. Una primera explicación podemos buscarla en el papel que ha jugado la clase política, donde los partidos políticos no han cumplido con su obligación de sensibilizar y representar a la ciudadanía, lo que se ha traducido en que sean los principales responsables de que exista una baja calidad de la ciudadanía en el país. Los partidos han quedado mucho a deber, ya que no sólo no han destinado recursos a la generación de una ciudadanía responsable, sino que lo erogan en actividades fútiles de convivencia; además de que el poder legislativo en los estados no superó el 20% de la confianza de la ciudadanía.

Es un hecho que el 72% de los mexicanos desconfía de otras personas, donde sólo la Iglesia, el Ejército y los maestros superan la mitad de la confianza.

Y son los institutos políticos quienes han determinado que la población perciba una democracia precaria, ya que el 53% prefiere la democracia y el restante 47% aprueba la instauración de un sistema autoritario. Y para documentar nuestro optimismo, el 53% cree que es importante el respeto de la ley, pero a la par de ello el 66% considera que ésta no se respeta.

Esto nos obliga a reflexionar que la única opción a la que se pueda recurrir para disminuir los índices negativos, es una amplia Reforma del Estado, y no un remedo como la que se aprobó recientemente.

Consejero Electoral Instituto Nacional Electoral

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