Hace casi un año, en un municipio de Sonora, un niño de 13 años y un joven de 19, presuntos sobrinos de Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, fueron acribillados a la luz del día por tres hombres con chalecos camuflados que se movían en un Honda Accord.

En ese municipio, la tasa de homicidios se colocó este año 170.34% arriba de la tasa nacional. Ahí, según el Reporte de Delitos de Alto Impacto del Observatorio Sonora por la Seguridad, en los tres primeros meses de este año los homicidios por arma de fuego aumentaron 161.11% en relación con el mismo periodo de 2016.

El municipio es Cajeme, en donde la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva ha desatado la peor ola de violencia que ha vivido esa región.

Balaceados, degollados, macheteados, torturados, ahogados. Cuernos de chivo tronando a cualquier hora del día o de la noche.

De acuerdo con el Observatorio, las cifras de robo de vehículo y robo a negocio, entre otros delitos de alto impacto, crecen mes tras mes. Entre enero y marzo de 2017 la violación se colocó 51.16% arriba que entre enero y marzo del año pasado.

En noviembre de 2016 se hizo un llamado al gobierno federal, y a las autoridades estatales, para que detuvieran la ola de violencia. Cuatro meses después (marzo de 2017) el alcalde Faustino Sánchez Félix se quejó porque el gobierno estatal sólo hacía tibios operativos, “y una semana después la violencia se recrudece”.

En mayo de 2017, el alcalde repitió la queja. “No vemos que la policía militar ni estatal recorran o hagan vigilancia en caminos vecinales”.

Cuando Sánchez Félix externó esa queja, habían ocurrido diez homicidios en una semana. El 26 de abril habían matado a cuatro hombres en Ciudad Obregón; el 27 había muerto otro en una balacera ocurrida en la colonia Prados de Tepeyac; el 28 aparecieron dos cuerpos mutilados y otro hombre con un tiro en el cráneo; el 30, una mujer fue ejecutada con ráfagas de AK-47 en el estacionamiento de un restaurante y un desconocido apareció tirado en un camino.

La matanza se recrudeció en el mes de junio. En un lapso de tres días, los restos de dos hombres fueron hallados en una hielera de color verde, un joven fue asesinado de dos tiros en la cabeza (llevaba entre sus ropas un envoltorio con Crystal) y un comerciante que atendía a un cliente fue acribillado “por un sujeto a bordo de una motocicleta que llegó repentinamente y le disparó en cuatro ocasiones”.

Un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación había identificado la existencia en el municipio de 42 pandillas. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en Sonora había solicitado desde 2015 que se emitiera en Cajeme una alerta de violencia de género.

En enero de 2017 se había publicado un estudio que indicaba que en Cajeme se había cometido la quinta parte de los feminicidos ocurridos en el estado. Se había señalado que 83.5% de las mujeres sufría violencia emocional y 65.39% había sufrido violencia física por lo menos una vez en su vida.

En noviembre de 2016, la violación y el asesinato de una joven maestra de danza, cuyo cuerpo fue encontrado en la orilla de un canal en Ciudad Obregón, había consternado a los sonorenses.

El 29 de diciembre de 2016, la policía estatal detuvo en una calle de Hermosillo  una ostentosa camioneta Cheyenne con blindaje nivel 6. La conducía, con armas largas y 22 mil dólares, Rodolfo El Nito Amavizca, jefe de plaza de los Beltrán en Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, la Ciudad de México, Guerrero, Baja California… y desde luego Sonora.

El Nito Amavizca ofreció 500 mil dólares a cambio de su libertad. Lo habían detenido en 2009 y 2015 y no había pisado la cárcel jamás. Esta vez no tuvo éxito.

La pugna por ocupar el espacio que quedaba vacante se efectuó a sangre y fuego. Apenas el domingo pasado la División de Gendarmería de la Policía Federal hizo acto de presencia en el municipio. La ayuda federal llegó un año tarde. En Cajeme hacen votos por que la espera haya valido la pena y se termine el infierno que más que nunca oscurece sus vidas. ¿Sucederá?

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