Hace un año, casi al día, dediqué una columna a Baja California Sur. Así describí la situación que vivía el estado por esas fechas:

“La Paz cada vez hace menos honor a su nombre. Hace dos días, la capital de Baja California Sur acumuló ocho homicidios en 24 horas. A ese total macabro, hay que sumarle dos víctimas en San José del Cabo. Diez asesinados en un solo día.

Lo peor de todo es que no fue un día inusual en el estado. De enero a agosto, 347 personas fueron asesinadas en la mitad sur de la península bajacaliforniana. No menos de 45 se acumularon en septiembre y octubre lleva paso record. Se han vuelto frecuentes los días de más de cinco homicidios. Al ritmo actual, Baja California Sur podría acabar el año con la mayor tasa de homicidio del país, por encima de Colima y Guerrero”.

Mi pronóstico fue casi acertado. En 2017, Baja California Sur tuvo una tasa de homicidio de 91 por 100 mil habitantes, la segunda más alta del país (después de Colima).

Unos meses después, la situación luce muy distinta. En el periodo de enero a julio, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 61% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si la comparación se hace de julio a julio, la caída es de 88%. Todavía en diciembre de 2017, Baja California Sur reportaba tres homicidios por día en promedio. Siete meses después, se registró uno cada cinco días.

¿Qué explica una reducción tan pronunciada de la violencia homicida? Van algunos posibles factores:

—Una intervención federal de tamaño considerable, lanzada como parte del llamado Operativo Escudo Titán. Al menos 600 elementos de la Policía Federal fueron enviados a Baja California Sur en febrero pasado y desplegados en el corredor La Paz-Los Cabos. Considerando que la entidad cuenta con 700 policías estatales y menos de 2 mil elementos municipales, el arribo de más medio millar de policías federales no es tema menor.

—Cambios de estructura y mando en las dependencias estatales de seguridad y justicia. En diciembre, se estableció formalmente una Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Dos meses después, el titular de la dependencia fue cambiado. Los relevos se dieron igualmente en la procuraduría del estado. A finales del año pasado, Daniel de La Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública de Baja California (la fronteriza) durante casi una década, fue nombrado nuevo procurador del estado. Ese nombramiento trajo consigo varios relevos en la procuraduría y en la policía ministerial.

—El desenlace de la guerra entre grupos criminales. Según versiones de la prensa local, el ascenso de la violencia homicida en el estado en 2016 y 2017 se debió a una disputa librada al interior del Cártel de Sinaloa, entre un grupo vinculado a Dámaso López, alias El Licenciado, (y su hijo de mismo nombre) y una banda conectada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En ese conflicto, los primeros habrían sido derrotados en el semestre posterior a la captura de los dos Dámasos en 2017.

Todo lo anterior no es más que teoría. Nadie sabe con precisión que sucedió en la península. Pero algo sucedió. Ese algo puede o no haber estado conectado a cambios en la política de seguridad. No sería mala idea que las nuevas autoridades lo indagaran. Tal vez haya en este caso algo que aprender y extender a otras entidades.

Ojalá. Ya hemos tenido otros milagros en otros momentos y en otros estados. Es poco lo que hemos aprendido de ellos. Francamente, ya no nos podemos dar el lujo de desperdiciar lecciones.

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