En el argot de los abogados, la frase “nadie está obligado a lo imposible” es una máxima frecuente.

Es una forma de limitar las obligaciones y dejar claro que hay un techo de responsabilidad que no puede ir más allá de nuestras capacidades. En el caso de las instituciones, el marco normativo define funciones y atribuciones que al final se convierten en obligaciones, tal y como le sucede ahora al Instituto Nacional Electoral, con la revocación de mandato.

El “drama” que se ha vivido con este tema ha sido el claro ejemplo de la mala planeación y organización de la actual administración; no solo porque ha desnaturalizado la finalidad de este ejercicio democrático, sino porque ha orillado al Instituto Nacional Electoral a una confrontación innecesaria con los demás poderes del Estado.

Si revisamos la esencia de la revocación de mandato, tendremos siempre claro que es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución que tiene como finalidad limitar el ejercicio del poder. Se trata de una herramienta de y para la ciudadanía, cuya finalidad es abrir la opción para que un mandatario sea depuesto antes de que termine su periodo. En cierta medida, es una oportunidad que se da al electorado para rectificar el camino, cuando la confianza se ha perdido.

Por ello, desde su inicio, la forma como se ha planteado esta figura en nuestro país ha sido, por decir menos, desastrosa. En primer lugar, se trata de un ejercicio que no está siendo impulsado por la ciudadanía, sino por el gobierno central; en otras palabras, por quien debe ser revocado. Pero, además, está la manipulación y finalidad electoral con que se ha pretendido utilizar; primero cambiando su esencia de revocación por “ratificación” y segundo, buscando que empate con las elecciones, ya con las intermedias de 2021 o con las del año que entra, en que se disputarán 6 gubernaturas.

Frente a todo ello, el Instituto Nacional Electoral, arbitro y rector de ese proceso, tiene que lidiar con las limitaciones presupuestales que le ha impuesto el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión; Congreso que por cierto emitió una ley reglamentaria a marchas forzadas y que estableció un procedimiento muy complejo que demanda muchas formalidades.

Con una disminución de más de 3 mil millones de pesos, el INE enfrenta un dilema complicado que sortear. Por un lado, tiene una obligación constitucional y legal que cumplir y, por otro, no cuenta con los recursos suficientes para ello. En este escenario, el Instituto ha decidido suspender todo lo relacionado con la revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia promovida por su disminución presupuestal.

En respuesta, varios personajes de Morena y de la 4T han salido a “rasgarse las vestiduras”, por esta supuesta ofensa a la democracia, cuando en el fondo, ellos saben que fueron los causantes de este desastre.

Ante este panorama, y más allá de las verdaderas intenciones que existan, lo que es inaceptable es que una herramienta de participación ciudadana tan noble, como la revocación de mandato, se inaugure en nuestro país en medio de tanto desorden, descalificaciones y atropellos. Es momento de armar un frente común ciudadano en defensa del INE, pues aunque todavía no se ven con claridad los objetivos reales de este proceso, lo cierto es que en política, nada es coincidencia.