A partir de un diagnóstico jurídico que dice que los partidos políticos y especialmente las coaliciones partidistas violaron el artículo 54 de la Constitución y abusaron de la figura de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sobrepasando el límite del 8% de diputados plurinominales que les permitía la ley, el INE aprobó un acuerdo para evitar que en 2021, en la nueva integración de los diputados federales, se repita el abuso cometido por Morena y su coalición “Juntos Haremos Historia” en 2018, y por la coalición PRI-PVEM en 2015 y 2012, que construyeron en los tres casos mayorías sobrerrepresentadas e infladas más allá de la votación nacional que realmente obtuvieron en las urnas.
El caso más reciente y que es señalado en un análisis interno del INE como el peor caso de sobrerrepresentación por encima de la ley, es el de la actual mayoría de Morena y sus aliados PT y PES, a los que, abusando de la figura de coalición y con una interpretación mañosa y distorsionada de la ley, se les asignaron 16.2% de diputados extras, por la vía de sobrerrepresentación, con lo que se rebasó hasta en dos veces el tope establecido por la ley. “Los partidos Morena, PT y PES recibieron en 2018 el 61.6% de los diputados con una votación de 45.9%, prácticamente rebasaron dos veces el límite de sobrerrepresentación constitucional de 8%. Si bien la coalición triunfante mantendría la mayoría de la Cámara porque así lo permite la sobrerrepresentación, en total tendría el 53.8% de los diputados y no un 61.2%, lo que reflejaría de forma más fiel la voluntad popular depositada en las urnas”, dice el estudio jurídico y constitucional del instituto.
En el mismo documento también se cuestiona como irregular y violatorio de la sobrerrepresentación constitucional el caso de la alianza PRI-PVEM en 2012 y en 2015. En el primer caso, en 2012 los dos partidos obtuvieron el 40% de la votación nacional, pero en la sumatoria se atribuyeron 47.6%, mientras que en la elección intermedia de 2015 la coalición entre priistas y verdes también obtuvo una votación del 40% y se asignaron diputados equivalentes al 50% de la Cámara, cuando en realidad, de haberse aplicado sólo el criterio del 8% del artículo 54 constitucional, sólo les correspondía el 46% de los diputados en esa legislatura.
Para evitar que se repitan esos abusos de los partidos y de las coaliciones en la próxima integración de la Cámara de Diputados en septiembre de 2021, el INE acordó ayer miércoles que, a partir de lo que establece claramente el artículo 54 de la Constitución y de la jurisprudencia 29/2015 dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros del instituto vigilarán que se aplique estrictamente el criterio de sobrerrepresentación constitucional y que no permitirán que ningún partido o coalición de partidos de los que participen en esos comicios rebase ese tope establecido para evitar que se repita una sobrerrepresentación artificial e inconstitucional en esa Cámara.
“Antes de que inicien las campañas, antes de que se formen las coaliciones de 2021 y, por supuesto, antes de que se acuda a las urnas, se debe saber que se hará valer íntegramente el artículo 54 constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados. Esto está ahora en el terreno de decisión del INE. Se trata no sólo de una posibilidad sino de una obligación Constitucional y democrática”, advirtieron los integrantes del Consejo General del órgano comicial en el documento que dio pie al citado acuerdo que será informado a todos los partidos políticos.
La medida, dijeron los consejeros, no lleva dedicatoria para nadie en particular porque “la sobrerrepresentación puede favorecer un día a algunos actores (PRI-PVEM en 2012 y 2015) y otro a unos diferentes (Morena-PT-PES en 2018), pero su efecto es el mismo: distorsionar la representación de la pluralidad expresada en las urnas. Corregir la sobrerrepresentación no tiene un destinatario político, sino que significa aplicar un principio democrático recogido de forma expresa en la Carta Magna”, señala el análisis jurídico y constitucional del tema.
Desde la Reforma Político-Electoral de 1996 se estableció en la Constitución el criterio del tope del 8% de sobrerrepresentación con la idea de asegurar una integración de la Cámara de Diputados que reflejara la pluralidad expresada en las urnas y eso se mantiene vigente. Pero al cambiar las leyes secundarias para que las coaliciones de partido ya no tuvieran que ir en un solo logotipo, sino que cada partido apareciera con su imagen propia en la boleta y permitir las coaliciones parciales y flexibles, se dio lugar a interpretaciones y manipulaciones que han vulnerado el límite de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. “Lo anterior no significa que se deban obstaculizar o prohibir las coaliciones, sino asegurar que ellas no trastoquen lo que la Constitución dice: entre votos y asientos en la Cámara no debe haber en ningún caso una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos”, aclara el texto del INE.
El problema de la representación no se produce sólo cuando los diputados, ya electos se cambian de partido político, como ocurrió mucho en la coalición Juntos Haremos Historia en donde se dieron varios casos de “transfuguismo político”, también ocurre antes incluso de que se instale la Cámara, por lo que los consejeros electorales advierten que llegó la hora de resolver un problema que comenzó como algo imperceptible y después creció hasta afectar la representación popular de forma drástica.
Veremos cómo reaccionan los partidos y sus dirigencias, sobre todo la del partido oficial Morena, que se benefició en la actual legislatura de ese abuso ilegal e inconstitucional de la sobrerrepresentación construyendo una mayoría que, si bien les dieron los electores en las urnas, se asignó casi el doble de los diputados que les correspondían por la vía plurinominal y logró así aumentar su fuerza en la Cámara de Diputados en perjuicio de las minorías y de la pluralidad del voto popular.
NOTAS INDISCRETAS…
En contra de lo que informó ayer el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter, que la salida de Alfonso Romo fue algo acordado y pactado desde antes porque el regiomontano sólo estaría dos años en el cargo, fuentes muy cercanas al empresario nos dicen que fue Romo quien le presentó su renuncia al presidente como Jefe de la Oficina Presidencial. Aunque no hubo gritos ni inconformidades como en muchas otras renuncias al gabinete, Poncho Romo tampoco estaba ya contento en el gobierno y se quejaba de la línea cambiante e inconstante del Presidente en su trato hacia los empresarios, a los que un día dice querer y apoyar y al otro los ataca y vilipendia desde la conferencia mañanera. Así que ni fue tan tersa ni tan acordada, en todo caso fue una renuncia más del Jefe de la Oficina de la Presidencia que en realidad nunca cumplió las funciones de ese cargo, sino que se dedicó a ser un enlace con el empresariado, tal y como se lo pidió el Presidente y aunque en algunas cosas tuvo éxito y los empresarios lo reconocen, en otras de plano, como en la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que todavía el martes presumía López Obrador como un “logro” en su informe de los dos años de gobierno, el empresario regio quedó muy mal parado. En fin, que Romo se regresa a Monterrey a atender sus negocios agroforestales a los que por cierto les fue muy bien en estos dos años en los que fue colaborador cercano de la Presidencia… El anuncio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de un posible regreso presencial a clases en su estado para el próximo 25 de enero, representa el primer intento formal de volver a una normalidad gradual y paulatina en las escuelas de educación básica en el país. La medida no es unilateral de Alfaro, sino que está hablada y consensuada con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y lo que plantea es que, de existir las condiciones idóneas en el tema de la pandemia y las medidas sanitarias, algo que se decidirá el 11 de enero de 2021, los niños jaliscienses del sistema público y privado volverían en porcentajes del 50% de alumnos y grupos dos días de la semana, y otro 50% otros dos días, en un proceso gradual y vigilado que, de ejecutarse correctamente y si funciona y no registra un repunte de contagios en el estado, sería utilizado por la SEP como un piloto y un modelo para empezar a aplicarse en otros estados de la República. Interesante sin duda cómo los gobernadores, como en este caso el de Jalisco, siguen marcando la pauta de cómo actuar en la pandemia ante un gobierno federal que se quedó rebasado por sus posiciones ambiguas y tibias y, sobre todo por la ceguera y la soberbia del doctor Hugo López-Gatell y su protagonismo enfermizo…Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
