Como era previsible, al no pasar la reforma constitucional electoral, el ejecutivo federal envió, inmediatamente, el llamado “plan B”, consistente en una serie de cambios a leyes secundarias que tienen que ver con la onerosidad del INE. Al ser leyes secundarias, no requieren mayoría calificada (las dos terceras partes de los presentes), basta mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).

Se trata de la misma estrategia ya usada en el caso de la frustrada reforma constitucional del sector eléctrico nacional en la que previamente ya se había modificado la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, por lo que no requirió, para su aprobación, de una mayoría calificada. Y a pesar de que la oposición buscó tirar dicha ley mediante una controversia constitucional, no tuvo éxito, por lo que la ley quedó firme.

El plan B fue aprobado en la cámara de diputados el pasado 6 de diciembre con 261 votos a favor y 221 en contra.

Posteriormente, los cambios a las leyes pasaron a la cámara de senadores en donde fueron aprobadas con 68 votos a favor y 50 en contra. Dado que hubo cambios en algunos artículos, el paquete de reformas fue regresado nuevamente a la cámara de diputados, en donde fue aprobado con los nuevos cambios el pasado 15 de diciembre con 262 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones. Y dado que nuevamente hubo cambios en la cámara de diputados, el paquete regresó otra vez al senado, por lo que aún hay que esperar a que termine el Iter legal.

En esencia, el plan B busca la racionalidad en los gastos del INE. No es posible que, en un país con 60 millones de pobres, el costo del voto sea de 25 dólares en promedio, 500 pesos, cuando, hay que señalarlo todas las veces que sea necesario, en países como Estados Unidos y en Brasil cuesta la mitad y en Francia cuesta 13 veces menos.

Tampoco es posible seguir soportando los excesos de la élite del INE, con sueldos, prestaciones y número de asesores excesivos, con una alta burocracia en la que se duplican actividades, con presupuestos no justificados en tiempos no electorales.

La propuesta original, de reforma constitucional, preveía un ahorro de 15 mil millones de pesos. Con la nueva propuesta aprobada, se tendrá un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos. Una gran diferencia.

Pues a final de cuentas, y en consonancia con lo que deseamos la mayoría de los mexicanos, el INE se tocó y se tocó de manera democrática, legal y legítima.

Académico de la UAQ. anbapu05@yahoo.com.mx