El posible reparto de cuotas (y cuates) en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que se suscitó en 2014 —cuando entraron en funciones los nuevos comisionados— vuelve a ser tema de conversación, casi cuatro años después.

El hecho de que la comisionada Ximena Puente haya sido colocada en la lista de diputados plurinominales del PRI a la Cámara Baja puede no ser ilegal; sin embargo, considero importante hacernos un par de preguntas: ¿tiene el Inai plena autonomía frente al poder político? ¿Cómo evaluar la gestión de un comisionado que, de un día para otro, se “incorpora” a un partido político?

En buena medida, la autonomía del Inai se refleja a través de sus resoluciones y determinaciones dictadas semana a semana, y éstas son elaboradas y presentadas al Pleno del Instituto por los comisionados y sus respectivos equipos de trabajo. Antes de señalar o prejuzgar la búsqueda legítima —más no ética— de una diputación, debemos revisar dichas resoluciones.

Por ello es primordial que, ante el proceso de selección de las personas que deberán sustituir a las comisionadas Ximena Puente y Areli Cano, el Senado de la República lleve a cabo una amplia consulta a la sociedad —que refiere el Artículo 6° Constitucional—, empatado con un escrutinio profundo de los perfiles y la experiencia de los aspirantes que, como yo, deseamos contribuir a fortalecer la labor de este importante organismo constitucional autónomo.

En la decisión que está en puerta, es fundamental que se elijan perfiles idóneos en cuanto a conocimientos, experiencia y resultados. Ante los retos que enfrenta actualmente nuestro país, se debe blindar al Inai para que no pierda los incentivos y valores bajo los que se creó hace más de quince años: una institución que, en el ámbito de sus atribuciones, sirva de contrapeso al poder. Siempre a partir de un trabajo colegiado y orientado a atender las demandas ciudadanas.

Pero, entonces, ¿qué lección nos ofrece la integración a un partido político de la comisionada saliente? De inicio, que los nuevos comisionados deben acreditar, por encima de sus credenciales políticas, las habilidades técnicas. En ese sentido, aquellos que estamos en la contienda debemos probar los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios, susceptibles a evaluación y verificación por parte del Senado y de las organizaciones de la sociedad civil.

Y es que la transparencia es, hoy en día, pilar de cualquier sociedad democrática, así como antídoto contra la impunidad y la corrupción. Bajo esta fórmula es imperativo acercar más el Inai a la ciudadanía.

Necesitamos evolucionar a la solución de conflictos en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales de forma sencilla y expedita. Si la impartición de justicia en México ha avanzado en tiempos recientes a la oralidad y la solución alterna de controversias, ¿por qué una institución como el Inai no podría seguir esta benéfica tendencia internacional?

Además el uso de las nuevas tecnologías de la información debe jugar un papel estelar en la relación ciudadanía-Inai. Tenemos que mandar mensajes fuertes a efecto de impulsar vínculos de cooperación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de que los mexicanos, cada vez más, estén mejor informados.

Por otra parte, la profesionalización constante de todos aquellos que conforman el instituto es de la más alta relevancia, por lo que reestablecer el servicio profesional de carrera del Inai —del cual formé parte de 2007 a 2014— debiera ser un tema en la agenda de todos aquellos que participamos en el proceso mediante el cual se seleccionarán a los nuevos comisionados.

A la par de la evaluación sobre la idoneidad de perfiles, el Senado debe sujetar el proceso de selección a la mayor transparencia, ya que es éste su principal elemento legitimador. Así se ganará la confianza de la ciudadanía y se verá fortalecido el andamiaje institucional.

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