Cuando a partir del mes de marzo se comenzaron a sentir los devastadores efectos de la pandemia en México, los tribunales federales y locales tomaron la muy sensata decisión de cerrar sus puertas y dejar abiertos unos servicios mínimos indispensables que pudieran atender solamente los casos urgentes. Han pasado muchos meses desde entonces y terminamos el año con una situación que no parece haber mejorado demasiado: al menos en la Ciudad de México, los tribunales se fueron al receso decembrino de forma anticipada y no se sabe en qué condiciones regresarán a sus labores en enero.
En todo este tiempo, hemos dejado pasar una gran oportunidad para modernizar de manera urgente el servicio público de administración de justicia.
Sería óptimo que en 2021 hubiera un liderazgo unificado en materia de justicia para delinear el rumbo de las reformas posibles y las deseables. El mejoramiento de la justicia mexicana requiere al menos lo siguiente:
1. Un uso intensivo de las nuevas tecnologías, a fin de poder llevar a cabo el desahogo de actuaciones judiciales respetando la “sana distancia social” y sin que se ponga en riesgo la vida y la salud de las miles de personas que trabajan en el ámbito de la justicia. Esa meta requiere de fuertes inversiones en capacidades tecnológicas y una capacitación más moderna para los operadores jurídicos. Debemos dejar atrás el paradigma de que todo debe constar en papel impreso y de que la presencialidad de los interesados es indispensable para poder impartir justicia; ninguna de estas dos cosas es cierta.
2. Nuevas vías de acceso a la justicia para los grupos sociales más desaventajados. En México llevar asuntos ante la justicia es caro y está fuera del alcance de millones de familias que no pueden pagar ese precio.
3. La defensa pública gratuita, que hasta ahora en buena medida se ha concentrado en la atención de casos en materia penal, se debe extender a otras ramas del derecho.
4. La justicia depende de dos partes: los jueces y los abogados. No será mucho lo que se pueda hacer desde los tribunales, si los abogados no les llevan casos que estén bien planteados. Necesitamos abogados mejor preparados, que cuenten con conocimientos actualizados, que dominen los procesos comunicativos de forma escrita y oral, que conozcan los precedentes judiciales aplicables a los casos que atienden, etcétera.
Algunos de los cambios anteriores requieren de una decidida acción legislativa. Otros pasan por el ajuste de los planes de estudio o por la actualización de los profesores. Todos requieren de presupuesto suficiente. Nadie dijo que sea una tarea fácil, pero nadie duda tampoco de que es un desafío impostergable.
