La investigación contra Ricardo Anaya podría tener distintos efectos electorales, que aún no podemos saber con certeza. Dependerá de cómo lo perciba y asimile el grueso de los ciudadanos, y cómo se traduzca en intenciones electorales. Hay dos enfoques esenciales: A) La que maneja el PRI, sobre la eventual responsabilidad de Anaya en la triangulación de fondos para su enriquecimiento ilícito. Más allá de las explicaciones complejas que pueda dar Anaya, el asunto suena creíble a muchos ciudadanos, por lo cual podría en efecto causarle un grave daño electoral. Las apariencias suelen contar más que los hechos, sobre todo cuando éstos son poco accesibles o poco claros al conjunto de los ciudadanos. Incluso si Anaya fuera inocente, como él presume, el daño electoral puede ser grave.
B) La versión que maneja al PAN es que hay en esto un uso ilícito de las instituciones del gobierno —la PGR y el SAT— para efectos electorales. No es la primera vez que ocurre, ni por lo visto será la última en que la justicia se ponga al servicio del Ejecutivo en turno (quizá hasta que haya una Fiscalía auténticamente autónoma). Algunos comparan este episodio con el desafuero a López Obrador en 2005. Muchos obradoristas responden que no es comparable, por el tamaño de la acusación (un camino frente a una operación de triangulación de dinero). Pero el enfoque aquí se centra en si hay uso o no de la justicia con fines electorales (incluso si hay fundamento). El PAN alega que no es casual que la acusación surja el mismo día en que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el desfalco de la llamada Estafa Maestra. Aquí la pregunta sería si, incluso de haber responsabilidad de Anaya en esto, se estaría usando la PGR electoralmente, lo que nos llevaría de nuevo a una elección de Estado. Muchos ciudadanos según diversos sondeos así lo consideran, sin menoscabo de que también creen que Anaya podría ser responsable de lo que se le acusa (la historia suena creíble a simple vista).
La posición de los obradoristas ha sido ambigua. Muchos consideran que en efecto hay utilización electoral de la PGR, lo que consideran inaceptable. Otros en cambio se han subido a la versión priísta, sin que les moleste mayormente el uso electoral de la PGR. Así, mientras Yeidkol Polevnsky asumió esta última posición, Tatiana Clouthier denunció la politización de la justicia y hasta exige la destitución del encargado de la PGR (sus posturas la hacen aparecer vocera de otro candidato y partido). AMLO asumió primero la versión priísta, pero terminó por condenar el ilícito uso electoral de la PGR. Mi posición ha sido que el combate a la corrupción debe proceder en todo momento pues siempre habrá una elección a la puerta. Pero en tal caso, debe procederse confidencialmente en tanto no se tenga algo más o menos firme; soltar información sin tener algo sustantivo sólo puede leerse como una estrategia electoral.
El video filtrado por la PGR sobre la visita de Anaya, ¿tenía una implicación legal? En absoluto, pero podía tener un efecto político, que es lo que se busca. Se le invitó a declarar sin el requerimiento previo. Anaya respondió que le hicieran la convocatoria legal, pero que lo que tenía que decir estaba en el escrito que llevó. Dicha invitación informal in situ sirvió justo para enviar a los medios el mensaje de que Anaya “no quiso declarar”, sugiriendo su culpabilidad. Eso, además del irrelevante insulto que se oyó por ahí. Se trata de un uso claramente político del asunto (mientras otros pendientes no gozan de la misma atención y celeridad). Mi pronóstico es que no habrá una acusación firme sobre Anaya, ni lo veremos tras las rejas. Pero el daño electoral (cuya magnitud aún desconocemos) estará hecho. Existe el riesgo para la coalición PRI-PGR de que no sólo Anaya salga perjudicado en esto, sino también Meade. En tal caso ambos —el PRI y el Frente— se estancarían, despejando así el camino a López Obrador.
