El proyecto “Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México”, ofrece información sobre los valores, las percepciones y las prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos en México. En la primera de sus seis dimensiones analíticas, “el Estado de Derecho y Acceso a la Justicia”, radica parte de la hipótesis de que la ciudadanía en México se caracteriza por la desconfianza hacia la autoridad, en particular la desconfianza dirigida a las instituciones de procuración de justicia.

Esto se reafirma con las encuestas elaboradas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, y de instituciones investigadoras como “México Evalúa”, que en su documento “Seguridad y Justicia Penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”, considera que las instituciones de seguridad y justicia en todo el país tienen enormes carencias, pendientes e inercias, por decir lo menos. El estudio señala que no se encontró una sola entidad federativa con indicadores positivos en toda la cadena. Sobresaliendo su debilidad, la insuficiencia de sus capacidades, su bajo desempeño, y todo lo anterior redunda en un distanciamiento enorme con respecto al ciudadano. Señalando los millones de delitos que no son denunciados, “porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades”. Alcanzando la “no denuncia” niveles superiores a 90%, lo cual denota la profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones de justicia y seguridad.

La existencia de un amplio escepticismo en las instituciones, es provocado por la situación económica deteriorada, el incremento en el desempleo, alto porcentaje de ciudadanos afectados por la inseguridad y una percepción de que México es un país inseguro.

El estudio “Seguridad y justicia” referido, señala que las agencias del Ministerio Público son insuficientes en muchos estados y su tasa de efectividad es muy baja. En promedio, resuelven apenas 13% de las averiguaciones previas que se inician. Aunado a lo anterior, también se tiene una tasa muy baja de cumplimiento en órdenes de aprehensión. Los sistemas están sobrecargados porque no priorizan, ya que procesan delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual. Por ello el homicidio tiene menos de 20% de oportunidad de ser esclarecido y la probabilidad es aún menor en varios estados de la República, los más violentos.

Si al ciudadano común se le pregunta, éste responde: ¿Confianza? ¿En quién?

La confianza, actualmente, se ha movido hacia los vecinos de los habitantes de la república, como lo señala también el Informe País. Efectivamente, al mayor porcentaje de entrevistados (42%) de la “Encuesta telefónica sobre la confianza en instituciones”, efectuada en agosto de 2013 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, le inspira más seguridad o por lo menos tranquilidad quienes habitan en su alrededor, que las iglesias, el Ejército, el IFE, el Tribunal Electoral o el Presidente de la República.

Lo mismo ocurre con los gobernadores o el Jefe de Gobierno, los bancos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ONG's, los presidentes municipales y los delegados, así como la prensa. Los porcentajes de todos ellos son menores a los que obtienen los vecinos. Y los jueces, la televisión, la Cámara de Diputados, la policía, los sindicatos y los partidos políticos están en cifras similares a las de las mencionadas instituciones.

En cuanto a la “Encuesta sobre la percepción de la seguridad pública”, realizada en octubre de 2012, por el Centro de Estudios y de Opinión Pública, 55% de los entrevistados se siente afectado por el problema; 38% considera a México “muy inseguro” y 28% “algo inseguro”; 22% califica a la ciudad donde radica “muy insegura” y 25% “algo segura”.

Y hay más, un dato más perturbador, de acuerdo con el INEGI, en 2012 la cifra negra de no denuncia, alcanzó 92%. Las principales causas de la no denuncia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, son la pérdida de tiempo y la falta de confianza ciudadana en las autoridades. En México sólo una de cada 10 personas dice confiar mucho en los ministerios públicos. Por lo tanto, para reducir la cifra negra habría que empezar mejorando los mecanismos de denuncia y mediante el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en los ministerios públicos.

Ante un panorama tan degradado como el actual, con una crisis múltiple la ciudadanía se pregunta ¿qué sentido tiene la política si no responde a los requerimientos efectivos de los ciudadanos? La burra no era arisca, los palos la hicieron.

Sociólogo