La necedad del presidente Andrés Manuel López Obrador se refleja en el presupuesto para el año venidero, el 2019. Hoy que conocemos las cifras, entendemos que el mandatario se empecinó en obtener los recursos suficientes para hacer realidad sus proyectos de gobierno. En aras de lograrlos, sacrificó otros rubros de la administración pública e incluso provocó que las modificaciones presupuestales realizadas incrementen el riesgo de abrir una crisis de carácter nacional.

Lo prioritario. En términos sencillos, el presupuesto para el año venidero reduce los recursos al campo, a la infraestructura, al medio ambiente, a la procuración de justicia y a las universidades públicas del país, con el fin de obtener recursos financieros suficientes para concretar los 18 programas que considera prioritarios.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el gobierno federal reduce recursos a 10 Secretarías y a la Procuraduría General de la República y los incrementa a ocho dependencias que estarían a cargo de esos planes prioritarios.

Para López Obrador es fundamental la construcción del Tren Maya y la del Corredor Transístmico; el programa de “Modernización y rehabilitación aeroportuaria y de conectividad”, que no es otra cosa que la construcción del aeropuerto de México en Santa Lucía, así como la construcción y puesta en funcionamiento de 100 universidades públicas más.

Dentro de esas prioridades también está la Secretaría de Educación Pública, dependencia que recibirá aumento de recursos para 2019; sin embargo, habrá recortes en la investigación, a la educación para adultos, en la educación para indígenas, en la infraestructura educativa en primarias y secundarias y en tres de las instituciones de educación superior más importantes del país: la UNAM, la UAM y el IPN.

Universidades dañadas. Este preámbulo nos permite contextualizar lo que ahora se vislumbra para la educación pública superior: una coyuntura que puede profundizar la crisis que muchas de ellas ya enfrentan y que podría conducir a una mayor restricción de ingreso de estudiantes.

De acuerdo con la información que disponemos, la Universidad Nacional Autónoma de México reducirá seis por ciento su presupuesto en relación con el de 2018, en tanto que el Instituto Politécnico Nacional enfrentará merma de uno por ciento mientras que la universidad Autónoma Metropolitana bajará 3.43 por ciento los recursos financieros provenientes del gobierno federal.

El recorte se concretó —al menos en el proyecto de presupuesto— a pesar de lo dicho en noviembre pasado por el ahora titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, quien, en esa ocasión, negó que se fuera a aplicar restricción presupuestal a las instituciones de educación superior e incluso dijo que había sido “un errorcito” de cálculo que se plasmó en el borrador del presupuesto.

Menos de un mes después, queda claro que no fue un error sino una decisión conscientemente pensada.

Ya la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, criticó este recorte y lamentó que el presidente de México no cumpliera la palabra que empeñó frente a todos los rectores, ante quienes “se comprometió a otorgar un aumento mínimo de la inflación”.

También la UNAM, mediante un desplegado, “expresa su preocupación y desacuerdo” con la propuesta de presupuesto, que califica de “sorpresiva e inusitada”.

Daño superior. Esta decisión presidencial incide directamente en la autonomía universitaria pues al limitar su presupuesto limita, en consecuencia, su administración y su actividad académica dado que en lugar de respaldarlas, las empuja al precipicio. Lo peor es que López Obrador ha abierto la puerta a una confrontación con las universidades, pues la decisión cuestiona su proyecto político, pone en jaque la educación pública y autónoma del país, y brinda elementos para un conflicto de amplias dimensiones, similar a aquellos que se desataron por la lucha de la autonomía universitaria en el siglo pasado.