Una de las peores herencias del periodo neoliberal en México es la profunda desigualdad y violencia que enfrentan más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes.
Durante décadas se invisibilizó a los más jóvenes de la acción del Estado. Se dejó de crear infraestructura social para la niñez y se minaron los derechos básicos de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Las consecuencias fueron desastrosas. Cifras oficiales del SIPINNA señalan que 51.5% (20.4 millones) de los NNA viven en pobreza, y tienen mayores carencias sociales que los adultos. Los NNA indígenas registran el más bajo nivel en el Índice de Desarrollo Humano en las 32 entidades. Casi la totalidad de NNA que hablan una lengua indígena viven en pobreza (91.75%).
En 2018, se registraron 2 mil 908 homicidios de NNA. Seis de cada 10 NNA han experimentado al menos un método de disciplina violenta. En 2018, se abrieron más de 13 mil carpetas de investigación de delitos por lesiones contra población de menos de 17 años. En nueve de cada 10 denuncias por lesiones, las víctimas fueron niñas y mujeres adolescentes.
De 2010 a 2018, aumentaron 305.5% los casos de lesiones por violencia sexual en menores de 5 años. 73% de los agresores a los NNA son parientes o conocidos cercanos. 11 mil 807 niñas y adolescentes de 10 a 14 años fueron madres en 2016, en su mayoría a causa de violaciones. En 2016, se registraron 26 mil 782 defunciones de niñas y niños menores de un año; 68%, por causas prevenibles.
El 23% de los NNA tienen carencia alimentaria. Casi 10 millones de NNA, tienen sobrepeso u obesidad, de los cuales más de la mitad son adolescentes. 3 millones, 507 mil 931 niñas y niños menores de 5 años presentan algún tipo de malnutrición.
Casi medio millón de adolescentes han consumido, al menos una vez, algún tipo de droga en el último año. En menos de una década, en el Estado de México, se quintuplicó el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años. En Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro, los porcentajes del consumo de drogas aumentaron de 0.6 hasta 8%.
Nuestro país está implementando una política de Estado que debe trascender la acción que hasta ahora han desarrollado las instituciones públicas, asumiendo a los NNA como sujetos plenos de derechos. Una política que fortalezca los núcleos familiares involucrándolos en el cumplimiento de responsabilidades para mejorar la calidad de vida y el entorno social de los menores de edad.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
